«El Ecuador tenía toda la razón. México no debía otorgar un asilo político a una persona condenada por un delito común como la corrupción», afirmó abogado internacionalista Esteban Santos. No obstante, eso no justifica la incursión en la embajada mexicana en Quito.
A su criterio, Ecuador tenía todo para demostrar en derecho que esa nación faltó a la convención de Caracas de 1954 que establece que no se puede conceder tal beneficio a una persona condenada por un delito de delincuencia común. Es así como critica que en lugar de ir a la Corte Internacional de Justicia, al «tener toda la sartén por el mango», se haya decidido hacer lo «impensable» que es romper con el principio de la inviolabilidad de un suelo diplomático.
Dice que ahora tocará al Gobierno ecuatoriano explicar su versión, recordando que no existe un solo país que dé la razón a su tesis. «El Ecuador pasó a estar en la defensiva. Jorge Glas puede volver a creerse que es un perseguido y aunque no lo es, ya tiene el discurso», comentó.
Santos lamenta las posibles repercusiones para Ecuador, incluida la pérdida de credibilidad en el ordenamiento jurídico internacional, la desconfianza como destino para hacer negocios y la percepción de riesgo para los turistas, lo que podría afectar la imagen del país.
