Durante la reciente visita del presidente Daniel Noboa a Canadá, se formalizaron seis compromisos de inversión minera que suman un total de USD 4.800 millones. En un análisis en NotiMundo al Día, Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, resaltó la trascendencia de estos acuerdos y aseguró que representan una oportunidad para impulsar el bienestar, la creación de empleo y el desarrollo en las áreas de influencia.

Sin embargo, las reacciones ante estos pactos no se hicieron esperar, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) expresó su preocupación. El líder de la Conaie, Leonidas Iza, declaró en una rueda de prensa el miércoles 06 de marzo de 2024 que el presidente Noboa ha adoptado una posición hostil hacia los pueblos indígenas.

Fernando Benalcázar, exministro de Minas, argumentó que Ecuador no puede permitirse perder los recursos que podrían derivarse de actividades mineras responsables. Destacó que la presencia de dos minas a gran escala ha contribuido significativamente al crecimiento económico del país, pasando de USD 250 millones en 2019 a USD 3.300 millones en 2023. Benalcázar enfatizó que estos proyectos han generado empleo y han transformado el panorama socioeconómico en sus ubicaciones.

En referencia a las regalías, Benalcázar recordó que el 60% de estas se destinan directamente a las zonas de influencia, según la Ley. No obstante, lamentó que la corrupción haya cuestionado el verdadero impacto positivo de estas actividades en el desarrollo local. Subrayó que la presencia del presidente Noboa en la feria minera PDAC en Toronto envía un fuerte mensaje sobre la importancia de atraer inversiones en este sector.

Benalcázar destacó la lógica detrás de la acción presidencial, considerando que la inversión extranjera directa en Ecuador experimentó una caída significativa, alcanzando USD 106 millones en el primer semestre del 2023, en comparación con los USD 811 millones registrados en 2022, representando una disminución del 90%.

El exministro sugirió que la implementación de una Ley Orgánica de Consulta Ambiental y otra de Consulta Previa Libre e Informada serían cruciales para asegurar la generación efectiva de empleo, mayores inversiones y la activación de cadenas de producción en el país.