Ecuador ha sido clasificado como el tercer peor país del mundo para los trabajadores, según el Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en 2023. Esta clasificación se suma a las preocupaciones expresadas por organizaciones de derechos humanos y sindicatos respecto a las condiciones laborales y las violaciones a los derechos sindicales en el país.
En 2022, el Gobierno reprimió brutalmente las protestas masivas a favor de la democracia y los derechos colectivos, convocadas por organizaciones de pueblos indígenas y sindicatos. La CSI informa que las fuerzas de la Policía llevaron a cabo represiones violentas, resultando en la detención, muerte e hiriendo a muchas personas. Este contexto de represión social ha contribuido a que Ecuador ocupe este preocupante tercer lugar en el índice internacional.
La CSI destaca que el marco jurídico extremadamente restrictivo en el país ha obstaculizado el desarrollo de sindicatos independientes fuertes. Además, las autoridades continúan impidiendo el registro de sindicatos en los sectores público y privado. La represión gubernamental en junio de 2022, durante un paro nacional convocado por organizaciones indígenas y sociales, ha dejado una crisis de derechos humanos con denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes, periodistas y defensores de derechos humanos.
En el ámbito judicial, las demandas laborales contra empleadores no prosperan de manera adecuada. En Quito, por ejemplo, existe una disparidad en el acceso a jueces laborales, afectando negativamente a aquellos que buscan demandas por despido intempestivo.
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ha expresado su rechazo a la pregunta de la consulta popular sobre el trabajo por horas, considerándola regresiva y atentatoria a los derechos laborales. La pregunta propuesta plantea enmendar la Constitución y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, generando inquietudes sobre posibles afectaciones a los derechos adquiridos de los trabajadores.
