En solo unos años, Ecuador ha pasado de ser un destino turístico tranquilo a enfrentarse a una escalofriante ola de violencia. Según un reporte reciente de Infobae, en 2019, la tasa de homicidios en Ecuador era inferior a siete por cada 100.000 habitantes, similar a la de Estados Unidos. Sin embargo, para 2023, esta cifra había aumentado a casi 45 por cada 100.000, convirtiendo a Ecuador en el país más peligroso de América Latina continental, incluso superando a países como El Salvador.
La ciudad de Durán, en Ecuador, registró una tasa de asesinatos asombrosa: 148 por cada 100.000 habitantes el año pasado. Este alarmante aumento en la violencia se ha atribuido principalmente a la creciente actividad de la delincuencia organizada, especialmente el contrabando de cocaína desde Colombia hacia Europa a través de puertos ecuatorianos.
En respuesta a esta crisis de seguridad, los gobiernos de la región, incluido el de Ecuador, han optado por políticas de mano dura. Estas medidas incluyen la declaración de estados de emergencia, encarcelamiento masivo y el despliegue del ejército en las calles para mantener el orden. A pesar del aparente éxito de estas tácticas en países como El Salvador, donde la tasa de homicidios ha disminuido significativamente, los expertos advierten que este enfoque podría no ser efectivo en toda América Latina.
Las bandas delictivas en otros países de la región son más poderosas y están mejor armadas que las de El Salvador. Además, la cooperación internacional entre estas bandas ha hecho que sean aún más difíciles de combatir para los Estados individuales. Por lo tanto, algunos expertos sugieren que un enfoque más centrado y paciente, dirigido por fuerzas policiales civiles y los tribunales, podría ser más efectivo a largo plazo para reducir la violencia en la región.
Es evidente que la violencia y la delincuencia organizada representan una amenaza significativa para la democracia y el crecimiento económico en América Latina. Por lo tanto, es crucial que los países de la región adopten estrategias integrales y a largo plazo para abordar estas problemáticas y restaurar la seguridad y la estabilidad en sus sociedades.
