En una sesión extraordinaria llevada a cabo el 14 de marzo de 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) tomó la decisión de destituir a B.M.O.G., quien se desempeñaba como juez en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Flavio Alfaro, provincia de Manabí.

La destitución se produjo debido a que el juez cometió una infracción disciplinaria según lo establecido en el artículo 109,7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esta acción fue declarada como un error inexcusable por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Manabí en una resolución emitida el 17 de mayo de 2023.

El 1 de abril de 2023, el juez Orejuela emitió una orden de liberación para Luis Alfredo A., alias “Gordo Lucho”, uno de los principales cabecillas de la banda delictiva conocida como Los Lobos. Además, también ordenó la liberación de Jairo Fernando Z., otro miembro de esta organización criminal.

Las evaluaciones técnicas revelaron que el juez destituido actuó fuera de su competencia al otorgar la libertad a dos individuos que estaban cumpliendo sentencias condenatorias en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga. Esta actuación representó una violación al Estado Constitucional de Derechos al asumir funciones que no le correspondían legalmente.

El presidente del CJ, el doctor Álvaro Román, expresó que los jueces que incurren en este tipo de acciones deben ser expulsados y enfrentar una sanción de inhabilitación permanente para el servicio de justicia. Asimismo, destacó el compromiso del Consejo de la Judicatura de continuar trabajando con determinación y transparencia.

Por su parte, la vocal Solanda Goyes enfatizó en la necesidad de abordar casos similares con la misma rigurosidad, señalando que la liberación de personas violando la competencia territorial y los principios fundamentales de garantías no será tolerada por el Consejo de la Judicatura.

Finalmente, se informó que las copias certificadas del expediente disciplinario serán remitidas a la Fiscalía debido a que los actos cometidos podrían constituir una presunta infracción penal.