Defensoría del Pueblo visitó las cárceles ante supuestas denuncias por violaciones de derechos humanos

Feb 18, 2024

En una medida sin precedentes, las Fuerzas Armadas han intervenido en 18 de las 34 cárceles del país con el objetivo de controlar la creciente ola de violencia narco-criminal que ha afectado la seguridad penitenciaria. Aunque estas acciones buscan restablecer el orden, han surgido denuncias de presuntas violaciones de los Derechos Humanos durante las intervenciones.

El 16 de febrero de 2024, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, acompañados por miembros de las Fuerzas Armadas, realizaron visitas a diversas cárceles del país. Esta iniciativa surge tras la orden de un juez para investigar las acusaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares desde el 8 de enero de 2024, fecha en que comenzaron los operativos de control tanto dentro como fuera de las cárceles.

Las denuncias han revelado la existencia de lujos que durante años pasaron desapercibidos o no se denunciaron, como piscinas, saunas, ropa de marca, suites y túneles para los presos. Ante estas acusaciones, el Ejército ha enfatizado que han demostrado a la Defensoría «el cambio radical que tuvo este centro carcelario» desde la implementación del estado de excepción a nivel nacional.

A pesar de los señalamientos contra las Fuerzas Armadas, el presidente Daniel Noboa expresó su firme respaldo a las fuerzas del orden y declaró: «Que ningún antipatria nos venga a decir que violamos los derechos de nadie». Este respaldo del presidente refuerza la posición del gobierno frente a las críticas, enfatizando la importancia de restablecer la seguridad y el orden en el sistema penitenciario del país.

El Gobierno reitera su compromiso con el respeto irrestricto de los Derechos Humanos y asegura que todas las denuncias serán investigadas de manera transparente y exhaustiva. La intervención de las Fuerzas Armadas en las cárceles busca no solo controlar la violencia, sino también erradicar prácticas que atentan contra la dignidad de los reclusos y asegurar un sistema penitenciario acorde con los principios fundamentales del respeto a los derechos humanos.



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