La Contraloría General del Estado está en proceso de ejecutar exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas de 50 jueces en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Mauricio Torres Maldonado, titular de la Contraloría, anunció el 21 de marzo de 2024 que se están llevando a cabo aproximadamente 120 exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juramentadas, de las cuales 63 corresponden a jueces de Guayas.
En el contexto del caso Metástasis, en el que se investiga la delincuencia organizada y están involucradas 39 personas, incluyendo jueces, policías, servidores judiciales, políticos y líderes de grupos de delincuencia organizada vinculados al narcotráfico, la Contraloría está intensificando sus acciones de control.
El contralor informó que se están preparando notificaciones para siete exjueces que están en prisión y uno bajo arresto domiciliario, todos ellos procesados en el caso Metástasis.
En Santo Domingo de los Tsáchilas, se llevarán a cabo exámenes a las declaraciones de 50 jueces, así como otras adicionales solicitadas por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, y algunas más por solicitud del Legislativo para servidores de la provincia de Zamora Chinchipe.
Estos anuncios se realizaron durante el evento de rendición de cuentas de la Contraloría el pasado jueves.
Durante el año 2023, se llevaron a cabo 1.292 acciones de control y se aprobaron 1.457 informes generales. De estos, 301 informes con indicios de responsabilidad penal fueron remitidos a la Fiscalía para su investigación, siendo Pichincha, Guayas, Esmeraldas y Los Ríos las provincias con mayor cantidad de casos.
Además, se emitieron 7.346 resoluciones con responsabilidades administrativas y civiles que suman un total de $293 millones, y se logró recuperar $9.8 millones para el Estado a través de procesos de coactiva.
En los primeros cien días de gestión de Torres, se aprobaron 426 auditorías y 62 expedientes concluyeron con indicios de responsabilidad penal, que se trasladaron a la Fiscalía General, por un presunto perjuicio al Estado por $46.6 millones. Además, se establecieron responsabilidades civiles y administrativas por $38 millones en este primer trimestre.
