La Comisión de la Niñez y Adolescencia recibió a representantes de instituciones del Estado, para analizar la Proforma Presupuestaria 2024, en materia de primera infancia, niñez y adolescencia y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025.
Olga Núñez, subsecretaria de Finanzas, informó que se han asignado 642 millones de dólares a las instituciones del área social; sin embargo, reconoció que existe una reducción en el presupuesto para el 2024, en el área social. Justificó esta decisión por la relevancia que ha dado el Gobierno Nacional a la seguridad, hacia donde se destinan rubros del presupuesto nacional.
Sin embargo, dijo que hay la posibilidad de mejorar la ejecución del presupuesto y las asignaciones. Los legisladores Arturo Ugsha y Pierina Correa reclamaron que el Gobierno gaste 60 millones de dólares en una consulta popular y pague puntualmente la deuda externa, cuando esos rubros pueden atender las necesidades de los ecuatorianos.
Por su parte, María José Pinto, secretaria técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, indicó que el país estaría enfrentando consecuencias graves en el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, debido a la desatención por falta del presupuesto, lo que incrementaría los niveles de enfermedades y pobreza.
No obstante, aseguró que trabajan para encontrar formas que cubran el presupuesto faltante y que, al momento, ha conseguido un 30 % con la participación de los gobiernos autónomos descentralizados. “Estamos seguros que mejorarán las asignaciones que nos corresponde, con el mecanismo de presupuestos por resultados”, afirmó.
El subsecretario de Planificación, Gustavo Cuesta habló sobre el Plan Anual de Desarrollo y el Plan Anual de Inversiones enfocados a niños, niñas y adolescentes, en los que se articulan otras instancias de gobierno, como AME, CONGOPE, CONAGOPARE para la construcción de políticas públicas en educación, salud y servicios sociales.
La presidenta de la comisión, Pierina Correa cuestionó que en el informe presentado por el Ministerio de Educación no existan rubros para la adquisición de uniformes, útiles escolares, entre otros beneficios para los estudiantes de escasos recursos económicos.
Uno de los rubros de mayor relevancia presentados por el Ministerio de Educación, es el destinado al proyecto de reducción de la brecha digital en el sistema nacional de educación. De igual manera, el proyecto Reestructuración Integral de Infraestructura Educativa que cuenta con un presupuesto de más de 55 millones de dólares, rubro considerado en el Plan Anual de Inversiones 2024.
Pierina Correa insistió en que está ausente la intervención social. En este aspecto, el delegado del Ministerio de Educación, mencionó algunos de los programas que se encuentran en el plan, como son las aulas hospitalarias, instituciones educativas a distancia para las personas en movilidad, con discapacidad, deportistas, entre otros, para que puedan culminar su bachillerato.
El vicepresidente de la comisión, Samuel Celleri, por su lado, preguntó sobre la estrategia que tiene el Ministerio de Educación para la recategorización de los docentes, la deserción escolar, la falta de regularización del porte de armas y la falta de acceso a escuelas por falta de transporte en zonas de difícil acceso.
Marco Ortiz indicó que al momento se están tomando las medidas respectivas para dar la solución. 9.1 millones de dólares estarían destinados para brindar el acceso a la comunidad educativa y al soporte para la reinserción escolar. En relación a la seguridad, expresó que existe un plan piloto denominado Escuelas Seguras, en el que se reconocen 220 unidades en peligro y se articuló con la Policía Comunitaria, MIES y tenientes políticos. “Ahora el objetivo es que sean comunidades seguras, en las que se trabajará de forma integral”, agregó.
Harold Burbano, viceministro de Inclusión Social, dio a conocer las estrategias para enfrentar el recorte presupuestario del MIES. Se refirió a convenios firmados con los gobiernos autónomos descentralizados, los que darán sostenibilidad a los servicios de la institución.
Asimismo, indicó que trabajarán conjuntamente con el CONAGOPARE para atender especialmente a niños de 0 a 3 años. “La gestión de protección especial es otro programa, cuyo fin es dar acogida tanto a niños como adolescentes. Aquí cuenta la atención a personas en estado de calle y mendicidad”, añadió.
Por otro lado, manifestó que existe un nuevo proyecto que busca ofrecer herramientas para emprendimientos, y que, en lugar de gestionar los bonos de desarrollo humano, cuya ejecución representa la mayor parte del presupuesto asignado, es decir, 1.300 millones de dólares, y no resuelven la pobreza del sector, se entregarán 60 mil créditos de desarrollo humano y se impulsarán las asociaciones para emprendimientos. Recordó que 653 mil usuarios reciben el Bono de Desarrollo Humano.
En cuanto a los bonos para las víctimas indirectas de femicidio, el viceministro dijo que se han entregado 473. Sobre los bonos por la pandemia, indicó que por una sola vez se entregaron y que, los afectados, deben recibir asistencia en salud mental.
Finalmente, sostuvo que el MIES requiere 238 millones de dólares para atender a la población vulnerable del país, pero que ese déficit deben solucionarlo trabajando de manera articulada con los gobiernos autónomos descentralizados.
