La comisión que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio recibió a Luis Ordóñez, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), para conocer la cronología de acciones realizadas en su gestión para precautelar la integridad de los seis involucrados en el asesinato del excandidato presidencial, asesinados el 6 de octubre del 2023.
La legisladora Viviana Zambrano, quien preside la comisión, inició la sesión aclarando que, a pesar de que algunas de las autoridades comparecientes se encuentran cumpliendo sus agendas de trabajo, de requerir convocarlas nuevamente, lo harán, a fin de esclarecer líneas de mando, tiempo y responsabilidad frente a este suceso.
El exdirector del SNAI expresó que el asesinato de Fernando Villavicencio ocurrió a los dos días de iniciado su período como autoridad. A partir de este hecho, ocurrido el 9 de agosto, la Policía Nacional entregó a la Fiscalía General del Estado a 6 personas privadas de la libertad (PPL), quienes ingresaron al centro de privación de libertad Cotopaxi el 11 de agosto del 2023, puntualizó.
Señaló también que la Policía Nacional remitió una alerta de seguridad sobre el riesgo de esas personas y se tomó la decisión de trasladarlas al centro de privación de libertad 3 Guayas, conocido como “La Roca”, para tener un estricto control de seguridad sobre los sospechosos.
“Por los hechos de conocimiento público sobre la explosión de un dron en el techo de este centro de detención, el 12 de septiembre fueron finalmente trasladados al centro de privación de libertad 1 Guayas, conocido como Regional”, detalló.
La noche del 5 de octubre, a través de WhatsApp, se presentó una nueva alerta de la Policía Nacional sobre la integridad de las personas y se coordinó con los Ministerios de Defensa y del Interior para realizar otro traslado. “Conozco que el director del centro de privación de libertad regional, el teniente José Mera, responsable del control del mismo, quiso realizar dicho traslado, pero las PPL le manifestaron que sus vidas correrían riesgo si esto ocurría”, dijo.
“Pese a que la decisión no está en las PPL y debido a que estos centros tienen una alta población penitenciaria, que agrava las condiciones de seguridad, el director optó por solicitar un mayor respaldo para realizar el traslado. Desconozco las razones que demoraron esta operación y dieron como desenlace la muerte de las 6 personas sospechosas del asesinato de Fernando Villavicencio”, concluyó.
Los legisladores Adrián Castro y Luzmila Abad realizaron sus preguntas al compareciente y enfatizaron su preocupación sobre la ligereza y la informalidad con que las instituciones y funcionarios del Estado trataron la información sensible para la protección de las PPL, aun conociendo el alto valor de las mismas para esclarecer el hecho.
Mientras que la asambleísta Mónica Salazar mencionó que el exdirector del SNAI, como el cargo jerárquico superior de la institución, tenía la responsabilidad sobre la seguridad de los sospechosos, la actuación de los funcionarios a su cargo y de los criterios técnicos sobre los que se tomaron las decisiones que repercutieron en la muerte de las 6 personas.
Finalmente, la presidenta de la comisión indicó que las próximas mesas de trabajo se realizarán con la información remitida por parte del Ecu 911 y de otras instituciones aportantes al caso en investigación.
