Para aportar con sus criterios y enriquecer el informe para primer debate del proyecto de las reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, acudieron a la Comisión de Garantías Constitucionales autoridades y exfuncionarios públicos, quienes observaron aspectos importantes sobre este proyecto normativo.
El primero en intervenir fue Telmo Molina, juez de la Unidad Judicial Penal de Pichincha, quien centró su intervención en la necesidad de que el abuso de potestades constitucionales, tanto para el juzgador, como para los abogados, sea tipificado en el Código Orgánico de la Función Judicial.
De su lado, Esteban Calderón, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces sugirió incluir en las reformas la creación de unidades judiciales especializadas en materia constitucional y la capacitación de jueces, para que estas medidas no sean mal utilizadas.
Indicó que un nudo crítico respecto a las garantías constitucionales es la competencia territorial del juez donde se produce el hecho juzgado. “Esto ocurre por falta de claridad en la norma, por lo que es necesario definir cuál es su alcance y establecer la competencia. Así se delimitaría la acción de los profesionales del derecho, sin atentar o eliminar el derecho a la defensa” subrayó.
Al respecto, André Benavides, abogado en libre ejercicio, observó que la reforma planteada al artículo 7 de este cuerpo legal plantea que, en el caso de que estas acciones sean presentadas contra autoridades del Estado, se lo hará únicamente en el lugar donde se encuentra la institución, lo que podría generar un problema con la carga procesal para los jueces.
Finalmente, el exasambleísta Esteban Torres, proponente de una de las reformas, mencionó que la eficacia de las decisiones legislativas no puede estar supeditada a las acciones constitucionales presentadas abusando del derecho. “Mi propuesta de reforma a este proyecto de ley busca evitar que existan modulaciones de la sentencia cambiando su naturaleza”, señaló.
“Mientras fui legislador, existieron ciudadanos que quisieron arrodillar a la Asamblea con jueces y acciones constitucionales, violaciones procesales, abuso del derecho”, resaltó. Y enfatizó en que existen jueces que fallan en contra de la Constitución y, por tanto, tienen que ser sancionados.
Al concluir, la legisladora Paola Cabezas, presidenta de la comisión, mencionó que se encuentran cumpliendo a cabalidad el cronograma planteado para el tratamiento de este proyecto reformatorio, a fin de entregar una norma efectiva y trasparente a los operadores de justicia en el Ecuador.
