En el seno del Consejo Nacional Electoral (CNE), la preocupación aumenta debido a la deuda pendiente del Ministerio de Finanzas, que asciende a USD 13 millones del último proceso electoral, en un contexto en el que se discute la posibilidad de una consulta popular.
José Cabrera, vocal del CNE, informó que la propuesta de consulta popular presentada por el Gobierno de Daniel Noboa podría tener un costo estimado entre USD 50 y USD 55 millones. Sin embargo, resaltó la necesidad urgente de saldar la deuda existente con el Estado, derivada del último proceso electoral.
La deuda de USD 13 millones se distribuye entre las personas contratadas para las elecciones anticipadas, los miembros de las Juntas Receptoras de Voto y proveedores. A esto se suma una deuda adicional de USD 7 millones al Instituto Geográfico Militar (IGM), necesario para importar el papel de seguridad esencial para el proceso.
«El IGM, por ejemplo, necesita el dinero para importar el papel de seguridad. Tiene que garantizarse los recursos económicos», explicó el vocal del CNE.
Cabrera señaló que la presidenta del CNE, Diana Atamaint, ha mantenido conversaciones con el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, quien habría asegurado que se priorizarán los pagos pendientes al CNE.
«Aunque entendemos la situación complicada del país, esta deuda se arrastra desde el anterior Gobierno y, para llevar a cabo un proceso electoral eficiente, necesitamos contar con recursos», reiteró José Cabrera.
