El 18 de abril, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) canceló la inscripción de Construye del registro de organizaciones políticas por una infracción electoral relacionada con la presentación de un informe económico financiero de 2022. La exministra de Gobierno y cabeza de Construye, María Paula Romo, ha señalado que el fallo tiene un trasfondo político.
En Ecuadorenvivo.com, el asambleísta por Construye, Jorge Peñafiel, insistió en que esta decisión responde al interés del Gobierno por “eliminar” a la competencia, de cara a las elecciones del 2025.
«Esto lo sabíamos desde principios de este año, cuando el presidente de la República expresó en una entrevista radial reconocida sus opiniones anticipadas sobre nuestro movimiento, llegando incluso a calificarnos de manera despectiva: una basurita en el ojo», aseveró.
A su juicio, es claro que el movimiento Construye resulta incómodo para el presidente, y esas intenciones se materializan en la sentencia de Torres.
«Nuestra respuesta será apelar, ya que confiamos en que la razón y la ley están de nuestro lado. Esperaremos que este proceso avance de manera positiva. De todas formas, el movimiento construido recurrirá a todas las instancias, tanto nacionales como internacionales, si es necesario», dijo.
Explica que, la sanción de la sentencia es una cuestión pendiente que deberá ser ratificada, modificada o dejada sin efecto dependiendo del resultado de la apelación y su posterior resolución.
«Obviamente, este proceso implica un análisis político, así como presiones tanto del poder ejecutivo como de la necesidad inherente a un país democrático y pluralista, donde diversas visiones del Estado Nacional coexisten. Es importante subrayar que no estamos negando esta realidad», destacó.
Influencia del Ejecutivo en los jueces
Peñafiel cree que más que un sabotaje político, es una influencia directa del Ejecutivo en los jueces, especialmente en el caso del juez Ángel Torres.
En este sentido, destacó que el yerno de Torres es funcionario del CNE y «ha sido premiado» como presidente provincial de ADN, la organización política del presidente de la República en la provincia de Loja.
«Un grupo de Asambleístas y el secretario ejecutivo de la organización ya nos hemos reunido con la OEA y la misión de observación electoral. Se han presentado otras alertas pertinentes, se ha compartido el análisis y se han expuesto los argumentos. Ahora esperaremos que esto sea viable y que arroje resultados positivos, igualmente», dijo.
