Gissela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana, subrayó la importancia de mantener y respetar la postura de la bancada. Esto, en relación al conflicto interno surgido por la votación a favor del proyecto de Ley de Turismo impulsado por el Gobierno Nacional.
Explicó que el Comité de Ética de su agrupación será el encargado de determinar las sanciones correspondientes a los legisladores correístas que no siguieron la línea de la organización. Y es que las posturas adoptadas dentro de la bancada son previamente analizadas en un debate. Por ello, destacó la necesidad de establecer un proceso basado en el estatuto interno para resolver este tema.
Garzón mencionó que las sanciones podrían variar desde un llamado de atención hasta una suspensión temporal, enfatizando en la obligación de los asambleístas de acatar las disposiciones establecidas por el estatuto interno.
Respecto al proyecto de ley aprobado, expresó su preocupación por la falta de rigurosidad en su tratamiento, señalando que se incluyeron temas no socializados, describiendo el resultado como una especie de «ley parches». Además, hizo referencia a la proforma presupuestaria observada por el Legislativo, argumentando que carece de información real sobre el nivel de deuda del país.
Finalmente, reafirmó el compromiso de su bancada en llevar a juicio político a la fiscal general, Diana Salazar, después de completar los procesos contra otros exfuncionarios, como Juan Zapata, exministro del Interior.
