La Comisión de Desarrollo Económico escuchó los aportes de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) y de la Defensoría del Pueblo, a las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y al proyecto de Ley de Defensa y Protección de las Personas Usuarias y Consumidoras.

Patricia Falconí, a nombre de Asetel, calificó como importante el debate de reformas en la legislación de este sector, considerando cómo el mundo ve el avance y desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, en tanto la propuesta de reformas, entre sus objetivos, busca la reducción de la brecha tecnológica y el acceso masivo de la población a esta clase de servicios.

En cuanto al contenido del proyecto, aseguró que se estaría creando una duplicidad normativa, sobre todo en lo que atañe a los servicios de internet.

No obstante, a su criterio, hay aspectos importantes como el de la alfabetización digital, que puede ser un mecanismo adecuado para reducir la brecha digital, para lo cual se puede optar por la utilización del Fondo de Servicio Universal, que está constituido actualmente, llega a 380 millones de dólares.

“La ley permite que se utilice el 50 % de este fondo y hasta el momento no se ha dado uso al mismo”, afirmó.

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Explicó que el citado fondo permitirá ampliar la cobertura de estos servicios hacia las zonas rurales y de frontera, y eso permitiría el acceso a la gratuidad de estos servicios para este segmento. Sin embargo, mostró su desacuerdo con la regulación de contenidos y aspectos relacionados con los servicios, más allá de la materia de tarifas.

Defensa de consumidores

Entre tanto, Luis Varela, delegado de la Defensoría del Pueblo, indicó que la propuesta legal nace de la necesidad de actualizar la normativa, ya que la ley vigente fue creada sobre la base de las reformas constitucionales de 1998.

Subrayó que se busca dar a las personas usuarias y consumidoras la garantía institucional y una garantía normativa, que permita el efectivo ejercicio de sus derechos, frente a las acciones ilegales y los abusos en los que pueden incurrir las entidades públicas o privadas prestadores de servicios.

Indicó que en el proyecto de Ley de Defensa y Protección de las Personas Usuarias y Consumidoras se propone que la Defensoría del Pueblo promueva y patrocine los derechos de estas personas, para garantizar la defensa efectiva de sus derechos, frente a posibles acciones contrarias a la ley, como ser víctimas de publicidad engañosa, por ejemplo.

Aseguró que se establece el in dubio pro consumidor, a fin de que los jueces y las autoridades que deban resolver temas relacionados con los derechos de los usuarios y consumidores, en caso de duda, se pronuncien en todo momento a favor de la persona cuyos derechos hayan sido vulnerados.

De su lado, la presidenta del organismo legislativo, Valentina Centeno agradeció los aportes a los proyectos de ley que tramita la comisión, los cuales serán incorporados al debate y, de ser el caso, incluidos en los respectivos textos legales.