El Pleno de la Asamblea Nacional de forma unánime, con 122 votos afirmativos, aprobó la moción de la asambleísta, Viviana Veloz, para que la Comisión de Educación inicie un proceso de fiscalización a la creación de las universidades de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, de Amazonía y Galápagos.
Previo a la votación, 15 legisladores intervinieron en el debate, quienes coincidieron en la necesidad de que se abra dicho proceso, una vez que la Senescyt ha incumplido, en un principio, con el correcto trámite de inclusión del proyecto de creación de la Universidad de Santo Domingo de los Tsáchilas, en los proyectos de la Secretaría Nacional de Planificación, y, posteriormente, una vez aceptados por la institución, se ha destinado un “presupuesto irrisorio” de 348 mil dólares, según advirtió la legisladora Veloz.
“Este presupuesto sirve solo para los estudios de preinversión. Se necesita un presupuesto de 1 millón y medio de dólares para continuar el proceso de construcción”, insistió.
Asimismo, la legisladora Amy Gende aseveró que los pobladores de Santo Domingo de los Tsáchilas están unidos para exigir la creación de la universidad y que los jóvenes de la provincia “dejen de ser invisibilizados porque no se puede jugar con sus sueños y los de sus padres que anhelan enviar a sus hijos a educarse para no caer en la delincuencia”.
A estas posiciones, se unieron los criterios de que la educación no es un privilegio para un sector determinado de la población, sino para todos los jóvenes ecuatorianos y que se velará para que ese derecho no quede en una simple propuesta de campaña y se convierta en realidad la universidad de la provincia.
El respaldo vino también de los asambleístas de la Amazonía y de Galápagos, quienes solicitaron que la fiscalización se extienda hacia sus provincias.
La asambleísta Andrea Rivadeneira, representante de Zamora Chinchipe, dijo que existe un orgullo por la aprobación de la Ley Amazónica en la que se incluye la creación de las universidades para Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Orellana y Sucumbíos; sin embargo, hasta el momento, no se cumple la ley. “Parece que se han olvidado de que la Amazonía contribuye generosamente a la economía del país”, sostuvo, además de reprochar que los jóvenes de la provincia aún tengan que salir a otras, a buscar universidades para estudiar.
Por su lado, Lenin Rogel, asambleísta por Galápagos, apoyó la moción de Viviana Veloz y pidió que se exija a las autoridades competentes la construcción de la universidad de Galápagos, para garantizar el derecho a la educación.
Además de disponer la fiscalización al proceso de creación de las universidades mencionadas, la resolución obliga a la Comisión de Educación a que, en un plazo de 30 días, emita el informe respectivo y lo presente al Pleno de la Asamblea Nacional.
