La tala del manglar en Olón, provincia de Santa Elena, en un área protegida y de propiedad comunitaria, por parte de una empresa, para un proyecto urbanístico, fue expuesto por la directora de la Fundación Iguana, Andrea Fiallos, y otros actores, en la Comisión de Gobiernos Autónomos.
Previo a la exposición de los comparecientes, la legisladora Victoria Desintonio, presidenta de la mesa legislativa, explicó el contexto de la sesión y la necesidad de aclarar lo sucedido en el sector de Olón – Santa Elena. Precisó que se ha solicitado la comparecencia de cinco ministros, un superintendente y la ciudadanía.
Con este motivo, Andrea Fiallos, directora de la Fundación Iguana, afirmó que el sector en conflicto es considerado como área protegida desde 2001, según el Acuerdo Ministerial 072 de la Autoridad Ambiental, en donde se pretendería construir un proyecto urbanístico, para lo cual “se han marcado zonas de manglar para la tala”. Pidió que se tomen las decisiones correctas para proteger a las familias y a la naturaleza.
Por su parte, varios legisladores expresaron su posición y preguntas con relación al presente caso. La legisladora Arisdely Parrales solicitó que se amplíe la información sobre la existencia del Esterillo Oloncito dentro del mapa áreas protegidas. Jahiren Noriega pidió información relacionada con el 69.95 % del área del bosque protector que se vería afectada y por qué se consideraría que el impacto del proyecto sería mínimo.
Mariana Yumbay expresó su preocupación por la falta de explicación de las autoridades de gobierno, respecto a la protección de los derechos. Luzmila Abad dijo que los conflictos generados en la Amazonía por la minería, son afectaciones que también por otro motivo pueden darse en Olón.
La legisladora Rosa Belén Mayorga manifestó que el posible conflicto de intereses de algunas autoridades justifica la fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. Cecilia Baltazar reflexionó sobre el uso de recursos del Estado y cuestionó la violación de los derechos de la naturaleza. Ana Herrera recordó la violación de los derechos en las parroquias Las Pampas y Palo Quemado, en donde se criminalizó la protesta.
La mesa legislativa, también, recibió al activista de la comuna Olón, Carlos Pozo, quien detalló las especies y características ambientales que rodean al Esterillo de Oloncito, que es parte de las 2.25 hectáreas del bosque protector, por lo que pidió la revocatoria del registro ambiental expedido para el proyecto inmobiliario. Por el daño al ecosistema dijo que existe un “ecocidio”.
Entre tanto, el presidente de la comuna Olón, Jhon Reyes subrayó que se mantendrá en defensa de los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos.
Roberto Palacios, presidente de la Fundación Ecológica Oloncito, subrayó que el bosque protector desde el 2001 es un plan de vida. Graficó la zona en donde se realizaron varias gestiones para la protección del manglar y todo el ambiente, que es parte del Patrimonio Forestal del Ecuador.
Tras las exposición, la Comisión de Gobiernos Autónomos resolvió convocar a una sesión territorial en la comuna Olón, con la finalidad de continuar el proceso de fiscalización. La moción aprobada con siete votos fue presentada por el legislador Héctor Valladarez.
Información de la SuperCias
Marco López Narváez, superintendente de Compañías, Valores y Seguros, informó sobre los accionistas de la Compañía Vinazin S.A, sociedad que no tiene ningún problema sancionatorio. En lo posterior se informará sobre la consultora Luque Cia. Ltda. Se comprometió a remitir por escrito la nómina de los accionistas de las compañías solicitada por la Comisión de Gobiernos Autónomos.
