En la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, un grupo de extrabajadores del GAD Municipal del cantón El Carmen, provincia de Manabí, demandó acciones para que se respeten sus derechos laborales, luego que han sido despedidos intempestivamente, sin una notificación escrita.
Los extrabajadores David Dumani, Mario Acosta y Lourdes Mendoza denunciaron que han sido cesados sin tener un documento formal escrito en el que se les informe el motivo del despido y sin que se haya respetado sus contratos laborales. Aseguraron que esta decisión perjudica a alrededor de 160 trabajadores, entre ellos personas con enfermedades catastróficas, con nombramientos provisionales, amparados por el contrato colectivo y el Código de Trabajo.
David Dumani explicó que su contrato de servicios ocasionales, regía desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre del mismo año; sin embargo, fue despedido de manera intempestiva en agosto del 2023. Sostuvo que la decisión se debe a rencillas políticas, que los deja en la indefensión y con graves problemas económicos. Lourdes Mendoza señaló que, aun teniendo un contrato indefinido, no han tenido respaldo laboral. Los extrabajadores piden se los reintegre a sus labores.
La asambleísta Luzmila Abad solicitó que se llame a comparecer a la Ministra de Trabajo, para que informe sobre el caso y buscar soluciones inmediatas a los extrabajadores que fueron notificados de forma verbal y repentina y no se afecten sus derechos.
María Teresa Pasquel mencionó que la realidad de cambios, partidos políticos y nuevas autoridades siempre implica salidas y que, por respeto a los derechos laborales, es necesario que exista un formato en el que se establezca un procedimiento adecuado para que se informe oficialmente al personal, a fin de evitar vulneración de derechos laborales.
El doctor José Vásconez, asesor parlamentario explicó que luego de analizar la denuncia, se está frente a acciones por despido ineficaz, el trámite más efectivo, es presentar la denuncia ante la Inspectoría del Trabajo.
Por otro lado, la Comisión luego de avocar conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa de calificar el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social para la Jubilación Especial para el Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, recibió la argumentación por parte de Mauricio Zambrano, proponente del proyecto. El legislador sostuvo que se trata de una reforma sencilla pero muy importante.
Explicó que al ser el Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador servidores públicos de régimen especial y no de carrera, es una condicionante sine qua non de homologación, es decir, con los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en todos los sentidos, sobre todo, en una jubilación especial, que tenga como base 25 años de aportación ininterrumpida al Instituto de Seguridad Social.
Los legisladores Francisco Cevallos, Jaime Guevara, Johanna Ortiz y María Teresa Pasquel coincidieron en que se debe trabajar de manera prioritaria en favor de la garantía de derechos, en equidad y justicia con los trabajadores del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas.
Jaime Guevara planteó que el proyecto sea unificado con otros cuerpos relativos a la misma materia, y continúe el trámite que por ley le corresponde. Mientras Johanna Ortiz pidió que se incluya a todos los agentes de tránsito de los GAD Municipales del país y cumplan los requisitos para obtener la jubilación anticipada, como lo plantea la propuesta. Con el tema coincidió Teresa Pasquel, quien dijo que este beneficio debe ser ampliado a todos los funcionarios de tránsito del país que corren el mismo riesgo.
La asesora Paola Molina puso a conocimiento de los legisladores la sentencia del caso No. 83-16-IN y acumulados, por medio del cual la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad parcial de la Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Sobre el tema la comisión resolvió conformar mesas de trabajo, con asesores y equipos técnicos, a fin de recabar información y luego dar el trámite respectivo y así prevenir cualquier vicio de inconstitucionalidad, sobre todo, en lo referente a tiempos y plazos y a temas sensibles como la seguridad social.
Erradicación de la violencia en los espacios laborales
Por último, la Comisión, con las observaciones aportadas en el debate, aprobó, con el voto de 8 legisladores, el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las Modalidades de Trabajo, y que la ponente del informe sea la asambleísta María Teresa Pasquel.
