Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, informó que están tomando las acciones para superar los errores que han advertido los legisladores en sus 38 observaciones al informe de gestión que presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional.
Esta comparecencia se cumplió como parte del proceso de control político especial que ejerce la comisión, conforme lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El funcionario explicó que su gestión inició el 18 de diciembre de 2023, razón por la que también recoge el trabajo que desarrolló el expresidente Wilman Terán y que por esta razón se han advertido las deficiencias que pudo haber tenido el Consejo de la Judicatura. Afirmó que a partir de esa fecha se han tomado medidas para superar los errores y brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
Respecto al estado procesal de las causas ingresadas al sistema judicial por corrupción y crimen organizado, informó que a la Unidad de Garantías Penales ingresaron 769 causas, de las cuales 677 ha sido resueltas.
Agregó que también se aplican acciones para mejorar el sistema de citaciones que es un nudo crítico que se ha detectado en el sistema judicial. Explicó que hasta el 31 de diciembre de 2023 se realizaron 440.547 citaciones, de las cuales el 95 % fue gestionado.
Admitió que está tarea no se cumplió al 100 %. Indicó que a su ingreso al consejo detectó que del parque automotor 12 vehículos estaban dañados, lo que demoraba las citaciones, pero que hoy todos están funcionando y se gestiona la adquisición de otras 10 camionetas como parte del proceso de optimización del servicio.
Informó que están fortaleciendo la Unidad de TICS, como medio para mejorar varios aspectos, entre ellos la publicidad de las citaciones judiciales, de modo que el ciudadano pueda hacer el seguimiento al proceso de citaciones.
También anunció que retomarán la evaluación de los jueces a nivel nacional, como establece el Código de la Función Judicial, tarea que asumirá la vocal Solanda Goyes. Reconoció que el año pasado el Consejo de la Judicatura no aprobó la planificación ni el cronograma para el proceso de evaluación de los defensores públicos. Insistió que durante el año 2023 no se ejecutaron procesos de evaluación a notarios y fiscales, tarea que realizarán este año.
Indicó que 447 servidores participaron en los programas de capacitación en materia de género, para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.
Otra de las medidas que, a decir de Álvaro Román se están aplicando, tiene relación con la socialización y actualización de acceso a servicios de justicia, para lo que tienen previsto la repotenciación de portales y creación de micrositios en la página web del Consejo de la Judicatura. También se refirió a las acciones para superar las deficiencias en materia de justicia indígena y la implementación de mesas de género, niñez y violencia contra mujeres, y Gobierno Abierto para recoger las inquietudes ciudadanas.
El legislador Vicente Taiano expuso sus inquietudes sobre la aprobación o no de un plan de trabajo para el 2023 y el nivel de cumplimiento, así como el porcentaje de la ejecución del presupuesto y el sistema de sorteos, que ha generado problemas de manera recurrente.
A la vicepresidenta de la comisión, María Fernanda Araujo, le preocupa el proceso de selección y designación de los directores provinciales, considerando que hay funcionarios que no son de la respectiva jurisdicción, sino que llegan de otras ciudades o provincias. Reiteró sus inquietudes sobre las falencias detectadas que motivaron la suspensión del proceso de selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.
El legislador Henry Bósquez fundamentó sus inquietudes sobre el número de detenciones en delitos flagrantes y la aplicación de medidas sustitutivas que se otorgaron a personas procesadas por delincuencia organizada, porque la ciudadanía exige respuestas de los operadores de justicia que manejan los procesos, mientras que Roberto Jaramillo advirtió que está claro que no hay un procedimiento claro que evaluar el perfil de los aspirantes a las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura.
Sobre el tema también expusieron sus inquietudes y observaciones los legisladores José Agualsaca y Carlos Vera Mora, quienes se refirieron a la justicia indígena y la necesidad de enfrentar los nuevos desafíos para mejorar la administración de justicia.
El presidente de la comisión, Fernando Cedeño agradeció la información proporcionada por el Presidente del Consejo de la Judicatura, misma que será contrastada y evaluada para elaborar el informe que será puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional.
