La Comisión de Seguridad Integral aprobó el texto del proyecto de Ley para el Control del Espacio Aéreo, cuyo objetivo es garantizar la soberanía y la integridad territorial del espacio suprayacente continental, insular y marítimo ecuatoriano, mediante el control de los ingenios aeroespaciales.
Inés Alarcón, presidenta de esta mesa legislativa, manifestó que esta ley se construyó con la participación de distintos actores de la seguridad nacional, en 12 mesas técnicas, para fortalecer su alcance en el combate al crimen organizado y sus actividades ilícitas.
La iniciativa fue debatida artículo por artículo, con la finalidad de solventar observaciones presentadas por los comisionados y garantizar el cumplimiento de todos los parámetros de calidad legislativa.
Esta normativa tiene 34 artículos, 5 disposiciones generales, 3 transitorias y 1 reformatoria, que busca prevenir y controlar las actividades ilícitas que se cometan en el espacio aéreo, en coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad integral del Estado.
Los legisladores destacaron la importancia de haber establecido, por ley, la cooperación de acciones interinstitucionales entre la Autoridad Nacional de control del espacio aéreo, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General del Estado, en caso de declararse a un ingenio aeroespacial, como blanco de interés, sospechoso u hostil.
También coincidieron en la importancia de normar el uso de la fuerza y legítima defensa, para neutralizar un ingenio aeroespacial hostil cuando ponga en riesgo a la tripulación de la aeronave interceptora y cuando atente contra la vida humana y la seguridad de los bienes públicos y privados dentro del territorio nacional.
Además, en consonancia con la actualidad tecnológica, destacaron la pertinencia del artículo 30, en el que se establece la inhibición o acciones de neutralización de sistemas aéreos no tripulados y drones que representen un riesgo para la seguridad nacional, acorde a los procedimientos que se establezcan en el reglamento de esta ley.
Un amplio debate se generó al rededor de la obligatoriedad de que toda autoridad competente denuncie ante la Fiscalía de la jurisdicción respectiva, la presunción o existencia de áreas aptas en donde existan operaciones ilícitas de aeronaves.
Una vez aprobado, el texto será incorporado al informe para segundo debate de este proyecto de ley en el Pleno de la Asamblea Nacional.
