La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al Estado ecuatoriano a asegurar la independencia de las personas que trabajan en el sistema de justicia, así como a proteger sus vidas e integridad, especialmente aquellas que investigan casos de corrupción.
Este llamado surge en medio de investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General, que han revelado indicios de la existencia de estructuras criminales que habrían sobornado a operadores de justicia a cambio de decisiones favorables. Se ha señalado el presunto pago por modificaciones en la composición de tribunales, retrasos procesales injustificados y beneficios penitenciarios para miembros del crimen organizado y sus familiares.
Según información oficial, al menos 19 jueces de diferentes regiones y niveles de la judicatura estarían implicados en estos casos.
La CIDH alerta sobre el impacto del crimen organizado en los sistemas de justicia de la región, que busca influir en los órganos judiciales a través de estructuras delictivas paralelas. En este contexto, enfatiza la necesidad de garantizar la independencia e imparcialidad de la Función Judicial en la lucha contra la criminalidad organizada.
Para contrarrestar estas presiones, la CIDH sugiere establecer unidades especializadas con fondos adecuados para responder a denuncias de corrupción, así como garantizar una remuneración adecuada, recursos humanos y técnicos, y capacitación permanente para aquellos que investigan casos de corrupción.
Finalmente, la CIDH reconoce la voluntad del Estado ecuatoriano para combatir la corrupción y proteger la independencia judicial frente a la influencia del crimen organizado transnacional, pero insta a redoblar los esfuerzos en materia de protección del personal judicial y fiscal, así como en la realización de investigaciones exhaustivas e imparciales para sancionar a los responsables de cualquier forma de violencia contra quienes trabajan en el sistema de justicia.
