La explotación del teléfono celular de Mayra Salazar, comunicadora social de la Corte de Justicia del Guayas y figura clave en el llamado Caso Purga, ha destapado una serie de nuevos actos de corrupción que han generado conmoción en la opinión pública.
En esta ocasión, las investigaciones han revelado que Salazar y Faddul Mosquera, asesor de gerencia de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM), estaban involucrados en la manipulación de multas de tránsito, especialmente cuando estas afectaban a jueces y funcionarios judiciales.
Los mensajes encontrados en los chats muestran cómo algunos magistrados solicitaban la anulación de multas de tráfico, mientras que otros gestionaban permisos para el uso de vidrios polarizados en sus vehículos oficiales.
En una conversación específica, Salazar envía a Mosquera una lista de jueces penales beneficiarios de esta «ayuda», incluyéndose a sí misma y al secretario de la doctora Gallardo, quien en ese momento era la presidenta de la Corte Provincial de Justicia.
La respuesta de Mosquera fue afirmativa, comprometiéndose a encargarse de la impugnación de las multas si llegaban a ser impuestas a los beneficiarios. A cambio de estos favores, la ATM buscaba la intervención de los jueces en casos especiales para protegerlos.
Incluso se negociaba el reintegro de funcionarios despedidos de la institución mediante acciones de protección, según lo revelado por las investigaciones en curso.
Estas nuevas revelaciones han generado un mayor escrutinio sobre la integridad del sistema judicial y la necesidad de tomar medidas firmes para erradicar la corrupción en todas sus formas.
