La reparación integral restauradora fue una de las propuestas en el marco de la recepción de observaciones al proyecto de Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio, que tramita la Comisión de Garantías Constitucionales.
Joselyn Pispira, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) Guayaquil, recordó la existencia de estándares internacionales, el mandato constitucional constante en el artículo 78 sobre las víctimas de infracciones penales que gozarán de protección especial, así como los artículos 11 y 441 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), respecto a las víctimas.
Dijo que de conformidad con la Corte Constitucional la reparación debe ser eficaz, eficiente y rápida; también, proporcional y suficiente. Sin embargo, enfatizó que en Ecuador hace falta la materialización de la reparación integral restauradora, además de planes institucionales.
De su lado, la vicepresidenta de la Fundación Legatum, Daniela Rosero mencionó que se encuentra vigente el decreto N.º 370 de marzo de 2022, del que se podrían destacar varios aspectos para considerarlos en el rango de ley. Mediante tal normativa se creó el bono para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por muerte violenta de su madre o progenitora.
Expresó que la normativa propuesta beneficiará a las familias empobrecidas, como a las abuelas maternas que generalmente se quedan a cargo de los niños y niñas.
Por último, Manuel Martínez, del Pacto por la Niñez y la Adolescencia, anunció que efectuará un análisis del proyecto de ley, a fin de remitir las observaciones por escrito.
El compareciente manifestó que “la violencia en contra de los niños es una problemática a enfrentar en el país. En este sentido, aseguró que en 2023 “770 niñas y niños murieron a consecuencia de la violencia”.
Añadió que para el funcionamiento del Sistema de Protección Integral a Niñas y Niños es fundamental la institucionalidad.
Tras las exposiciones, Paola Cabezas, presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, agradeció a los comparecientes y solicitó que las observaciones respecto a los temas del proyecto de ley en trámite se remitan por escrito a la mesa legislativa.
