La abogada Nathaly G., figura clave en el caso Metástasis por delincuencia organizada, brindó su testimonio ante el fiscal Luis Sandoval, destacando la conexión con Mayra Salazar en la representación legal de Johanna Zambrano Tigua en un caso de habeas corpus. En su declaración, registrada el 31 de enero de 2024, Nathaly G. sostiene que Salazar la contactó telefónicamente en 2022 para involucrarla en un caso de lavado de activos de Zambrano que se tramitaba en la Corte de Justicia de Cotopaxi.
Mayra Salazar, comunicadora y ex pareja sentimental del narcotraficante Leandro Norero, quien también fungía como gestora de decisiones judiciales desde su posición en la Corte Provincial de Guayas, contrató a la abogada en dos instancias. En la primera, para la defensa técnica de Zambrano en un habeas corpus por motivos de salud, por una suma de USD 6.000 en honorarios. La segunda, para supervisar y reportar sobre las gestiones de otros abogados en el mismo caso.
La audiencia telemática, inicialmente programada antes de la contratación de Nathaly G., llevó a la abogada a solicitar el depósito del dinero para poder representar a Zambrano. A pesar de dirigirse a la Corte de Justicia de Cotopaxi, la audiencia se suspendió antes de confirmar el depósito, momento en el cual Salazar le envió el registro de la transacción y solicitó a Nathaly G. que supervisara el trabajo de otros abogados.
Finalmente, el 3 de agosto de 2022, el juez Santiago Zumba otorgó un habeas corpus parcial a Zambrano Tigua, argumentando vulneración de derechos constitucionales. La abogada Nathaly G. insiste en conocer los detalles de la audiencia, pero afirma no tener acceso a ningún expediente.
Nathaly G. alega que, durante ese periodo, acordaron honorarios adicionales por USD 2.000 y que debía devolver los USD 4.000 restantes a la cuenta de Salazar, sin que se emitiera factura por sus servicios. La detención de la abogada ocurrió el 13 de diciembre de 2023 en la casa de sus padres, tras un allanamiento donde la Policía decomisó su teléfono y computadora.
El 14 de diciembre, la Fiscalía General llevó a cabo allanamientos en el marco del caso Metástasis, evidenciando conexiones entre narcotráfico, justicia, policía y política en Ecuador. La investigación se inició a partir de 15 teléfonos celulares en posesión del narcotraficante Leandro ‘El Patrón’ Norero en la cárcel de Latacunga, revelando comunicaciones con diversos actores vinculados a casos de corrupción en el país.
