Las leyes propuestas por el gobierno y aprobadas por la Asamblea contienen disposiciones que incrementan los ingresos o aumentan la capacidad de control del Estado sobre los ciudadanos. Estas reformas han reabierto el viejo debate acerca del papel del Estado en el sistema democrático.

El impuesto sobre las utilidades no repartidas y pasar a propiedad del Estado los bienes incautados, aumentan los ingresos. La facultad de allanar domicilios sin orden judicial, intervenir en las comunicaciones privadas, obligar a entregar información o vigilar más a las fundaciones, incrementa el control a los ciudadanos.

Las promesas de la democracia eran la igualdad, el control al Estado y la contribución de recursos para que el gobierno provea los servicios comunes. Jefferson, el padre de la democracia, dijo que no llegaría a la milésima parte de lo que se pagaba a reyes, sacerdotes y nobles; pero los impuestos superan a diezmos y tutelas de antaño.

Los impuestos ya no tienen relación con el costo de los servicios, sino con el precio que impone el proveedor, que es el Estado más el costo de la corrupción. Con los ajustes aprobados, el presupuesto ecuatoriano de todo el sector público se acerca a los 50 mil millones, crece al ritmo loco de los gastos y siempre termina con déficit.

Los dos pretextos usados siempre para incrementar el control del Estado son la crisis económica y la inseguridad; los dos sufrimos los ecuatorianos que vivimos acosados por el desempleo y la violencia. El gobierno ha declarado un conflicto interno que sirve de justificación para concentrar poder en torno al presidente.

El filósofo Antonio Escohotado, en El espíritu de la comedia, dijo hace tres décadas la inquietante verdad de que mientras nuestros abuelos aspiraban a tener modelos y héroes o encarnarlos, la política nos da como única alternativa ser actores o espectadores; las masas viven sus aspiraciones mediante actores que a su vez viven  para el aplauso masivo. Es el círculo vicioso del poder.