La Fiscalía General del Estado ejecutó nuevos allanamientos en el marco del Caso Apagón, investigación que indaga un presunto delito de peculado en la contratación de proyectos termoeléctricos durante la crisis energética de 2024. La acción judicial involucra por primera vez a exfuncionarios del gobierno de Daniel Noboa.

Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en Quito, Guayaquil y Samborondón, con intervención en viviendas, oficinas y un estudio jurídico. Como resultado, las autoridades incautaron más de USD 100 000 en efectivo, 12 teléfonos celulares, ocho computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento y documentación relacionada con los procesos investigados.

Entre los inmuebles allanados figura la residencia de Antonio Gonçalves, exministro de Energía y Minas, donde se decomisó su pasaporte. Gonçalves estuvo al frente de la cartera durante el apagón nacional de septiembre de 2024 y la firma de los contratos cuestionados entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense Progen.

Otro de los señalados es Rafael Quintero, exviceministro de Electricidad, quien fue detenido por portar un arma no letal sin justificación legal. También está bajo investigación Fabián Calero, exgerente de Celec y exviceministro de Energía, mencionado en informes de la Contraloría por incumplimientos en los procesos de contratación pública.

En total, son al menos 12 personas —entre exautoridades, técnicos y funcionarios— las que figuran en la pesquisa. Según la Contraloría, los contratos con Progen, destinados a instalar plantas termoeléctricas en Quevedo y El Salitral, habrían generado un perjuicio al Estado que oscila entre USD 100 y 140 millones.

La causa permanece en fase de investigación previa y, hasta el momento, no se han formulado cargos. Sin embargo, el avance de las diligencias y la magnitud de los montos en disputa colocan al Caso Apagón como uno de los procesos judiciales de mayor relevancia en el ámbito político y económico del país.