Un estudio de la Corporación Participación Ciudadana revela que alrededor del 80 % de las 233 organizaciones políticas registradas en Ecuador carecen de requisitos básicos para funcionar: no tienen RUC, oficinas, páginas web activas y ni siquiera teléfonos de contacto en servicio.

Estas agrupaciones, más que representar ideologías, se han convertido en vehículos temporales al servicio de intereses coyunturales, que ofrecen su “marca” a candidatos sin estructura propia para entrar en la papeleta electoral, reseña Ecuavisa.

El expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, sostiene que este mecanismo viola el Código de la Democracia. “Aquí no hay ideología, aquí hay intereses. Si un grupo busca contratos con un gobierno, financia candidaturas y muchas veces lo hace en efectivo”, advirtió.

Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, insistió en que es sencillo identificar a estos partidos de alquiler: la mayoría no cumple con lo mínimo para operar con transparencia. A ello se suma la debilidad del control del financiamiento político, que solo se revisa 90 días después de cada elección, cuando el gasto ya se realizó sin fiscalización real.

Incluso el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, reconoció que varias organizaciones sobreviven gracias a alianzas coyunturales que les permiten mantener la personería jurídica con apenas lo indispensable.

Para frenar esta proliferación, las últimas reformas al Código de la Democracia establecen que los partidos y movimientos deberán lograr al menos el 5 % de los votos válidos en una sola elección para conservar su registro. Caso contrario, serán eliminados.

Sin embargo, especialistas advierten que, mientras no exista un control riguroso del financiamiento y una exigencia real de institucionalidad, los partidos de alquiler seguirán marcando la vida electoral del país.