La Autoridad Portuaria de Guayaquil declaró un estado de emergencia por un periodo de 60 días, luego de recibir graves amenazas por parte de una banda criminal que opera en la zona de Data-Villamil. La medida busca reforzar la seguridad en la “Casa de los Prácticos” y en el Sistema de Gestión del Tráfico Marítimo (VTS), ambos considerados puntos estratégicos para el comercio marítimo del país.

La alerta se originó tras la denuncia de la empresa PSA Marine, encargada del traslado de prácticos, que informó haber sido contactada por un grupo delictivo que exigía pagos mensuales de “vacunas” a cambio de no atentar contra las embarcaciones y su personal. Los mensajes incluían amenazas de secuestrar tripulaciones y hundir lanchas en el sector de fondeo, advertencias que generaron preocupación por la continuidad de las operaciones portuarias.

Un informe interno de seguridad de la APG detalló que las intimidaciones venían acompañadas de plazos cortos y advertencias explícitas de destruir las naves. El riesgo se agrava por la vulnerabilidad de las instalaciones, especialmente de la “Casa de los Prácticos”, que carece de un cerramiento perimetral adecuado, exponiendo a su personal y equipos a posibles incursiones.

El área en cuestión ha sido escenario de ataques recientes por parte de grupos armados conocidos como “piratas”, que han asaltado embarcaciones en zonas cercanas a Posorja y Puná. A esto se suma que la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos había advertido que no podría asumir la vigilancia del sistema VTS sin mejoras urgentes en la infraestructura, lo que llevó a la APG a optar por la declaratoria de emergencia como vía más rápida para ejecutar contrataciones y reforzar la seguridad.

La resolución publicada en el portal de compras públicas autoriza a la institución a omitir los procesos de licitación ordinarios, priorizando adquisiciones directas que permitan responder de manera inmediata a la amenaza. Asimismo, se contempla el despliegue de recursos adicionales y la coordinación con la Armada del Ecuador, que ya ha incrementado los patrullajes en la zona para prevenir acciones delictivas.

Esta medida, más allá de su carácter administrativo, refleja la creciente presión que el crimen organizado ejerce sobre infraestructuras críticas del país. El control de las rutas marítimas y portuarias se ha convertido en un objetivo de grupos delictivos, generando un escenario que pone en riesgo la seguridad del personal, la operatividad del puerto y, por extensión, el flujo del comercio exterior ecuatoriano.