La consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa ha encendido el debate político y ciudadano en Ecuador. Entre las siete preguntas sometidas a consideración, la que propone reducir el número de asambleístas se perfila como la más respaldada por la población, según diversos sondeos y análisis de expertos en política.
Actualmente, la Asamblea Nacional está integrada por 151 legisladores. La propuesta plantea disminuir este número a 71, lo que representa casi la mitad de la representación parlamentaria. El Ejecutivo sostiene que esta medida busca mejorar la eficiencia del trabajo legislativo, agilizar la toma de decisiones y reducir los costos operativos asociados al funcionamiento de la Asamblea.
Estudios de opinión reflejan un amplio respaldo ciudadano a esta iniciativa. La percepción generalizada es que un menor número de asambleístas podría permitir un trabajo más coordinado, con debates más enfocados y menos burocracia, lo que beneficiaría la calidad de las leyes y la capacidad de fiscalización del Legislativo.
No obstante, existen advertencias sobre los posibles riesgos de concentrar el poder en un número reducido de representantes. Especialistas en política y derecho constitucional señalan que una reducción drástica podría limitar la pluralidad de voces, afectar la representatividad de regiones con menor población y reducir la diversidad de opiniones en la formulación de políticas públicas. La preocupación se centra en mantener un equilibrio entre eficiencia legislativa y representatividad democrática.
La propuesta también tiene implicaciones directas para las provincias del país. Por ejemplo, en caso de aprobarse, provincias como Los Ríos verían reducida su representación a solo tres asambleístas, mientras que otras regiones podrían experimentar cambios similares, modificando significativamente la dinámica de poder territorial en la Asamblea Nacional.
Analistas políticos señalan que la pregunta sobre la reducción de asambleístas puede ser la más votada porque toca un tema que genera consenso: la percepción de que la Asamblea actual es numerosa y, en algunos casos, poco eficiente. Sin embargo, advierten que el respaldo popular no debe interpretarse únicamente como un apoyo a la medida, sino también como un llamado ciudadano a mejorar la gestión legislativa y la rendición de cuentas.
El debate alrededor de esta consulta no solo involucra aspectos técnicos y administrativos, sino que también plantea un análisis sobre la cultura política del país y la relación entre los ciudadanos y sus representantes. La decisión final de los votantes tendrá un impacto profundo en la composición del Legislativo, en la forma en que se toman decisiones y en la manera en que se distribuye el poder político entre las provincias y los sectores sociales.
En paralelo, se mantiene un seguimiento constante de las otras seis preguntas de la consulta popular, que abordan temas como control de poderes, reformas institucionales y medidas anticorrupción. Sin embargo, la reducción de asambleístas continúa destacándose como el tema que más consenso podría generar, tanto por su alcance simbólico como por su impacto práctico en la estructura del poder legislativo.
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