La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional recibió este jueves un conjunto de aportes técnicos por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el marco del análisis de tres proyectos de reforma que buscan actualizar el marco legal relacionado con la gestión de la tierra, los recursos hídricos y la protección ambiental.

Gonzalo Mendoza, coordinador de Asesoría Jurídica de esa cartera de Estado, fue el encargado de exponer los criterios oficiales. Durante su intervención, subrayó que el principio rector de todo el debate legislativo debe ser la garantía de la soberanía alimentaria, reconocida en la Constitución como un derecho fundamental que el Estado está obligado a proteger.

Según explicó, la administración de la tierra no debe abordarse únicamente desde la perspectiva de la propiedad, sino desde una visión integral que priorice la sostenibilidad productiva, la equidad en el acceso y el fortalecimiento de las comunidades rurales y campesinas.

Mendoza detalló que el Ministerio actualmente aplica dos mecanismos de adjudicación de tierras: por posesión agraria, destinada a regularizar el uso legítimo de predios ocupados de forma productiva, y por redistribución, enfocada en garantizar el acceso a tierras a quienes no la poseen. Ambos procedimientos, recalcó, requieren de un tratamiento legislativo diferenciado para evitar confusiones normativas y vacíos legales.

Uno de los puntos más sensibles abordados fue la inclusión del denominado “contrato agrario” en el proyecto de ley. Mendoza advirtió que esta figura permitiría que terceros, ajenos a la titularidad y control estatal, intervengan en la gestión de tierras, lo que —a su criterio— podría debilitar la soberanía alimentaria y generar riesgos de concentración indebida de recursos productivos.

Como alternativa, propuso la conformación de mesas técnicas de trabajo en las que participe activamente el Ministerio de Agricultura, junto con representantes de la Asamblea y sectores involucrados, para perfeccionar el articulado y asegurar que las reformas respondan a las necesidades reales del campo ecuatoriano.

La presidenta de la Comisión, Janina Rizzo Alvear, acogió de manera positiva los aportes y solicitó que el equipo técnico incorpore estas observaciones en la matriz de trabajo. Resaltó que este intercambio de criterios es fundamental para dotar a las leyes de mayor solidez técnica y jurídica.

Las reformas que actualmente se discuten buscan actualizar aspectos clave de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, la Ley de Recursos Hídricos y la Ley de Gestión Ambiental. Según legisladores y especialistas, los cambios propuestos tendrán un impacto directo en la distribución y uso del suelo, en la regulación del acceso y uso del agua para riego y consumo, y en la aplicación de políticas ambientales que respondan a los desafíos actuales del país.

De aprobarse, las reformas establecerán nuevos lineamientos para la planificación productiva, la redistribución de recursos y la protección de ecosistemas estratégicos, en un contexto marcado por la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la conservación ambiental.