El Congreso de la República del Perú ha elevado una iniciativa legislativa con amplio alcance en seguridad y política exterior: declarar al “Cártel de los Soles”, vinculado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, como organización terrorista. La moción, liderada por la congresista María del Carmen Alva, busca fortalecer el marco legal peruano frente a amenazas externas que afectan la seguridad nacional y regional.

El “Cártel de los Soles” ha sido señalado por múltiples investigaciones internacionales como un grupo criminal transnacional que combina estructuras militares y estatales de Venezuela con redes de narcotráfico que operan en América Central, el Caribe, África, Medio Oriente y Europa. La organización habría colaborado con grupos como las FARC y el ELN, consolidando una red que trasciende fronteras y representa un desafío significativo para la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.

La moción presentada argumenta que esta declaración permitirá al Estado peruano adoptar medidas legales más efectivas, incluyendo sanciones financieras y operativas, bloqueo de activos y coordinación con organismos multilaterales como la ONU y la OEA, así como con países que ya han calificado al grupo de manera similar. Según la congresista Alva, esta acción busca proteger a la ciudadanía y garantizar la integridad del sistema democrático ante la influencia de organizaciones criminales con alcance internacional.

Expertos legales y políticos destacan que tipificar al cártel como organización terrorista no solo refuerza la política de seguridad nacional, sino que también proyecta un mensaje de firmeza frente a la expansión del crimen organizado transnacional. Sin embargo, advierten que la implementación efectiva de estas medidas requerirá coordinación interinstitucional y seguimiento constante para evitar brechas en la aplicación de la ley.

La moción será debatida primero en la Junta de Portavoces y posteriormente en el Pleno del Congreso. Se espera que el debate incluya análisis sobre la suficiencia de la evidencia, los alcances legales de la tipificación y la coordinación con organismos internacionales. Diversos sectores políticos observan la iniciativa como un paso estratégico en la política de seguridad regional, especialmente en un contexto donde el narcotráfico y el crimen organizado mantienen vínculos complejos con estructuras estatales y redes transnacionales.

En paralelo, la iniciativa ha generado expectativa entre la ciudadanía y organismos civiles interesados en la lucha contra el crimen organizado, que consideran que la acción legislativa puede establecer precedentes importantes para futuras políticas de prevención y sanción. Analistas también destacan que esta medida podría influir en la relación diplomática con Venezuela, obligando a Lima y Caracas a gestionar el tema bajo estrictos canales legales y diplomáticos.

El seguimiento de esta moción se perfila como uno de los temas de seguridad y política internacional más relevantes en la agenda del Congreso peruano para los próximos meses, con implicaciones directas en la cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado.