El adolescente que asesinó al senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay fue sancionado este miércoles con siete años de privación de libertad por homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. La Fiscalía precisó que el menor permanecerá en un centro de atención especializada, conforme al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que juzga a jóvenes de 14 a 18 años con penas de hasta ocho años.

El sicario, de 15 años, fue capturado en flagrancia el 7 de junio en Bogotá, minutos después del atentado que causó graves heridas a Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto debido a los disparos en la cabeza. Su identidad se mantiene en reserva por ser menor de edad.

El abogado de la familia, Víctor Mosquera, expresó que, aunque la sanción es una de las más altas contempladas por la Ley de Infancia y Adolescencia, “nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”, y alertó sobre la posibilidad de que el crimen use menores como instrumentos sin enfrentar castigos reales.

Cómo ocurrió el ataque

Según la Fiscalía, el menor fue trasladado al barrio Modelia, donde Uribe Turbay realizaba un mitin, en un vehículo conducido por Carlos Eduardo Mora González, uno de los seis detenidos por el crimen. Recibió un arma de Elder José Arteaga Hernández y descendió para disparar contra la víctima en el parque El Golfito. Durante su huida, fue interceptado por el esquema de seguridad del político y puesto a disposición de las autoridades.

La sanción es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.

Avances de la investigación

El crimen fue tipificado como magnicidio, por el que responden ya el autor material y quienes participaron en la planificación. Las autoridades continúan la búsqueda de los determinadores, mientras que la Policía investiga la posible vinculación de la disidencia de las FARC, Segunda Marquetalia, en el atentado.

A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, el caso ha reavivado temores sobre la violencia política en Colombia, similar a los asesinatos de candidatos de 1990, como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro. El Gobierno ha liderado tres reuniones extraordinarias de seguridad para coordinar las investigaciones y evaluar hallazgos de las autoridades.