La Ley de Transparencia Social, aprobada con 78 votos en el pleno legislativo, obliga a las fundaciones a registrarse en el sistema unificado de organizaciones sociales sin fines de lucro en un plazo de 180 días, bajo riesgo de suspensión o revocación de su personería jurídica. Sin embargo, la norma incluye disposiciones económicas que han generado inquietud entre analistas.

Entre los puntos más controvertidos está la condonación de tributos, peajes y obligaciones a empresas públicas en liquidación, así como la remisión de intereses, gastos judiciales y multas a sus deudores. Según Oswaldo Landázuri, analista económico, estas medidas reducen los ingresos fiscales y podrían afectar la seguridad social y la liquidez del sector privado, generando un “doble estándar” en el tratamiento de obligaciones.

La ley también impone un impuesto del 12% a las utilidades de las empresas y un gravamen sobre utilidades no distribuidas, afectando especialmente a accionistas de micro, pequeñas y medianas empresas. Landázuri advirtió que estas decisiones podrían ahuyentar la inversión privada y extranjera, incrementar la inseguridad jurídica y limitar la capacidad de los accionistas de manejar sus recursos.

El experto destacó que la ley mezcla múltiples temas —desde fundaciones hasta utilidades e impuestos— y criticó la falta de un modelo económico claro y de planificación a largo plazo, lo que, según él, compromete la competitividad del país.