Las leyes de solidaridad nacional, inteligencia e integridad pública impulsadas por el Ejecutivo suman 41 demandas de inconstitucionalidad, de las cuales 30 corresponden a la Ley de Integridad Pública. A las 10 de la mañana se realizará la audiencia en la Corte Constitucional para evaluar estos recursos.

Paulo Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, explicó que la polémica radica en que la Ley de Integridad Pública, que originalmente buscaba fortalecer el sistema de contratación pública y combatir la corrupción, terminó modificando 19 cuerpos legales.

Entre estos están la Ley de Movilidad Humana, que habilita la expulsión de extranjeros delincuentes; el Código Monetario; la Ley de la Función Legislativa; el Código Integral Penal, que sanciona a fiscales por prevaricato; la Ley de Tránsito; y el Código de la Niñez, que establece penas mayores para menores infractores.

Ocaña señaló que la ley vulnera principios constitucionales como la seguridad jurídica, la progresividad de derechos y el debido proceso, al permitir destituciones arbitrarias de funcionarios públicos mediante evaluaciones subjetivas y tratar a menores de edad como adultos en ciertos casos. Además, criticó la falta de rigor en la construcción de la ley, que agrupa reformas de materias diversas en una sola norma de urgencia, y la ausencia de un debate con expertos, académicos y gremios.

El Colegio de Abogados insiste en que la intención del Ejecutivo puede ser positiva, pero que las leyes deben respetar los derechos constitucionales y garantizar su aplicabilidad en el país. Según Ocaña, la falta de análisis jurídico ha llevado a que el gobierno recurra a la narrativa mediática para justificar estas reformas y responsabilizar a la Corte Constitucional de los resultados de gestión.