La Corte Constitucional ha dado inicio a una extensa audiencia telemática para analizar las 26 demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley de Integridad Pública, una normativa que ha generado amplio debate entre distintos sectores sociales, políticos y profesionales. La ley, promovida por el gobierno actual, busca implementar reformas en la administración pública, pero enfrenta críticas por supuestas vulneraciones de derechos laborales y administrativos.

La sesión, presidida por el juez José Luis Terán, cuenta con la participación de más de 100 personas y organizaciones que presentarán sus argumentos. Cada demandante dispone de 10 minutos para exponer sus planteamientos, mientras que los representantes de la Presidencia y la Asamblea Nacional tienen 20 minutos para defender la ley y explicar el marco legal y los objetivos de la normativa.

Entre los principales cuestionamientos se incluyen los artículos que facilitan el despido de más de 5.000 funcionarios públicos, lo que, según los demandantes, podría afectar la estabilidad laboral en sectores estratégicos como la educación, la salud y la justicia. Asimismo, se debate una disposición transitoria que obliga a la Junta de Política y Regulación Financiera a determinar cuáles cooperativas deben transformarse en bancos, una medida que ha generado inquietud en el sector financiero y cooperativo.

El proceso de audiencia se proyecta para extenderse más de un día debido a la cantidad de demandas y la complejidad de los argumentos presentados. Los especialistas en derecho constitucional señalan que esta revisión no solo tiene implicaciones sobre la implementación de la Ley de Integridad Pública, sino que también puede sentar precedentes sobre la interpretación de derechos laborales y la autonomía de los organismos administrativos en el país.

Analistas políticos destacan que la Ley de Integridad Pública se enmarca en un contexto más amplio de reformas estatales orientadas a fortalecer la transparencia y la eficiencia administrativa, aunque su aprobación y puesta en marcha han generado tensión entre distintos actores sociales y gremiales. La decisión de la Corte Constitucional será determinante para definir los alcances de la normativa y la forma en que se aplicará en la administración pública, con posibles efectos en la percepción ciudadana sobre la gobernabilidad y el manejo de los recursos públicos.