El excandidato presidencial Yaku Pérez acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia formal contra el presidente Daniel Noboa, su esposa Lavinia Valbonesi y la empresa minera canadiense Dundee. La acusación se centra en presuntos actos de cohecho y tráfico de influencias relacionados con la aprobación de la licencia ambiental del proyecto Loma Larga, ubicado en Azuay.

Pérez denunció que la licencia se otorgó de manera discreta y con irregularidades en su tramitación, apenas un mes después de reuniones entre representantes de la empresa y funcionarios de alto nivel, incluyendo al mandatario y su canciller, en Canadá. Además, señaló que se registró una donación a Lavinia Valbonesi previo al otorgamiento del permiso, lo que, según el denunciante, podría constituir un acto ilícito vinculado al proceso.

El proyecto Loma Larga ha sido objeto de críticas constantes por parte de comunidades indígenas, dirigentes campesinos, colectivos ambientales y gremios locales. La oposición sostiene que la explotación minera en la zona podría generar graves impactos ecológicos, incluyendo la afectación de fuentes de agua, pérdida de biodiversidad y alteración de territorios ancestrales.

La denuncia también resalta la percepción de falta de transparencia en la toma de decisiones sobre licencias ambientales para empresas extranjeras. Para Pérez, esta situación evidencia un patrón de privilegios que favorece intereses privados sobre los derechos colectivos y la protección del medio ambiente.

Organizaciones sociales y ambientales han manifestado su respaldo a la denuncia y han exigido que la Fiscalía investigue a fondo los posibles vínculos entre autoridades y la minera. El caso genera un debate más amplio sobre la responsabilidad del Estado en garantizar procedimientos claros, abiertos y auditables, especialmente en proyectos con alto impacto social y ambiental.

Analistas legales advierten que este proceso podría convertirse en un precedente sobre cómo se fiscalizan las relaciones entre funcionarios públicos y empresas privadas, y cómo se protege el interés público frente a posibles actos de corrupción. Asimismo, se anticipa que la denuncia podría tener implicaciones políticas, ya que pone al gobierno en una posición donde deberá explicar sus decisiones y fortalecer la confianza en sus procesos administrativos.

La situación mantiene en alerta a la ciudadanía, que observa de cerca los avances del caso y la actuación de la Fiscalía. A su vez, la denuncia refuerza la relevancia del activismo ambiental y la participación ciudadana en la supervisión de proyectos extractivos, especialmente aquellos con implicaciones directas sobre recursos naturales estratégicos y comunidades locales