Desde el 16 de julio de 2021, el país no ha registrado ni un solo día sin homicidios, acumulando más de 1.500 jornadas consecutivas de muertes violentas. La última vez que se registró una jornada sin asesinatos fue en diciembre de 2019, durante la pandemia de COVID-19.

Según cifras oficiales, desde 2010 se han contabilizado 44.346 homicidios, de los cuales más de la mitad ocurrieron a partir de 2022. El aumento sostenido de la criminalidad se atribuye principalmente al accionar del crimen organizado, que ha desplazado a los delitos comunes como robos o riñas.

En 2010, un tercio de los homicidios se relacionaba con robos o peleas (796 casos), mientras que en 2024 esa cifra descendió a 531. Por otro lado, los crímenes vinculados a amenazas crecieron a 3.808 y los relacionados con narcotráfico se multiplicaron casi por 20, pasando de 111 a 2.129 casos.

Guayaquil concentra el 26,73% de todos los asesinatos registrados, con 11.865 crímenes desde 2010. Cantones vecinos, como Durán, también han sufrido un aumento significativo, quintuplicando su tasa de homicidios desde julio de 2023.

En lo que va del año 2025, se han reportado 5.268 homicidios en los primeros siete meses, con un promedio diario de 24,85 asesinatos. Las provincias más afectadas incluyen Guayas, Manabí y Los Ríos, donde se han producido múltiples masacres y hechos de violencia organizada.

La situación evidencia una crisis de seguridad que afecta tanto a grandes ciudades como a cantones más pequeños, generando alarma en la ciudadanía y presión sobre las autoridades para implementar medidas eficaces que garanticen la seguridad y el orden público.

Expertos en seguridad señalan que la violencia se ha consolidado como un problema estructural, donde las redes criminales organizadas dictan dinámicas locales y territoriales. La coordinación entre organismos policiales, fiscales y judiciales es considerada fundamental para enfrentar esta emergencia y reducir el número de homicidios diarios.

En síntesis, la persistencia de muertes violentas durante más de 1.500 días consecutivos refleja una situación crítica que exige atención inmediata, planificación estratégica y la implementación de políticas de seguridad efectivas que protejan a la población y recuperen la confianza ciudadana.