La justicia indígena de Cotopaxi aplicó una sanción ejemplar contra tres agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la unidad de inteligencia, por ingresar sin autorización a territorio comunitario y realizar presuntas labores de seguimiento al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza.

La resolución fue dictada por autoridades de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc), en una audiencia pública celebrada en la comunidad San Ignacio, a la que asistieron centenares de comuneros. El proceso contó con la presencia de observadores de la Defensoría del Pueblo y de la Cruz Roja, quienes verificaron el cumplimiento de las garantías mínimas de debido proceso bajo el marco de la justicia ancestral reconocida en la Constitución.

Durante la diligencia, los tres agentes reconocieron que ingresaron a la zona sin orden judicial, con el objetivo de constatar si Iza se encontraba en el lugar. La dirigencia comunitaria presentó como evidencia material fotográfico, documentos y testimonios que respaldaban la acusación de espionaje y seguimiento encubierto.

Tras deliberar, el tribunal indígena determinó que los uniformados vulneraron la autodeterminación y la soberanía territorial de la comunidad. Como sanción, dispuso su expulsión por un período prolongado, además de exigir disculpas públicas, que fueron emitidas de manera personal, aunque sin representación institucional.

Leonidas Iza aceptó las disculpas, pero remarcó que el caso constituye una prueba de que la justicia indígena actúa con rapidez y eficacia frente a hechos que, en la justicia ordinaria, podrían tardar meses o años en resolverse. También señaló que este episodio refleja un patrón de hostigamiento hacia líderes sociales y que el Estado debe asumir responsabilidad política.

La resolución se enmarca en el reconocimiento constitucional de la justicia indígena como un sistema legítimo y autónomo, con competencia para resolver conflictos ocurridos dentro de sus territorios. Sin embargo, el caso ha reavivado el debate nacional sobre los límites de esta jurisdicción, especialmente cuando involucra a agentes del Estado y actividades relacionadas con la seguridad interna.

Este precedente no solo refuerza la vigencia de la jurisdicción indígena en Ecuador, sino que también envía un mensaje sobre su capacidad para imponer medidas disciplinarias efectivas, aun frente a instituciones estatales, en defensa de sus derechos colectivos y territoriales.