El Gobierno propone someter a referéndum la eliminación del financiamiento estatal a partidos y movimientos políticos, con el argumento de que desde 2008 se destinaron 240 millones de dólares a estas organizaciones. La pregunta que se planteará a la ciudadanía busca redirigir esos recursos hacia educación, salud y seguridad, y frenar el uso indebido de fondos públicos.

En un debate en Ecuavisa, la asambleísta Inés Alarcón (ADN) defendió la propuesta, asegurando que los fondos partidarios han sido históricamente mal administrados, favoreciendo a dirigentes en lugar de fortalecer la militancia o capacitar a nuevos líderes. “Este es un clamor ciudadano: la gente está cansada de pagar millones a partidos que no los representan”, afirmó.

Por su parte, Cecilia Baltazar (Pachakutik) advirtió que eliminar el financiamiento estatal podría distorsionar la participación política, favoreciendo a quienes ya cuentan con recursos propios y dejando en desventaja a movimientos indígenas, locales o emergentes. Señaló que los sectores pequeños enfrentarían dificultades para competir en igualdad de condiciones, mientras los grupos privilegiados podrían financiar sus campañas con dinero privado o incluso ilícito.

El debate también tocó el contraste entre los recursos destinados a partidos en los últimos 15 años y los destinados a consultas populares recientes, cuestionando la eficacia y transparencia de los gastos. Alarcón defendió las consultas como herramientas para reestructurar el Estado y garantizar que el dinero público se use en beneficio de la ciudadanía.