El país se apresta a contar con un nuevo Consejo de la Judicatura. El actual se encuentra prorrogado en funciones alrededor de siete meses y apenas cuenta con tres de sus cinco miembros. La misión de los nuevos integrantes debería ser alcanzar la tan anhelada independencia judicial y desterrar la corrupción que, en los últimos dos años, tocó fondo con casos como Metástasis, Purga y Plaga.

Eso sería lo ideal. Sin embargo, el concurso de selección que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para integrar la Judicatura, según han señalado varios postulantes que ya han renunciado al concurso, carece de transparencia y estaría claramente direccionado a nombrar a perfiles ya escogidos por el poder político de turno.

Recordemos que el nombre del actual presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, cercano al presidente Daniel Noboa, no se encontraba en la terna presentada desde la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Terna de la que inexorablemente debe salir el presidente de este organismo, pues así lo establece la norma. Sin embargo, para asombro de muchos y tras una jugada del CPCCS que inhabilitó a un postulante (René Toro), se completó la terna con el nombre de Mario Godoy, pese a que el propio presidente de la Corte Nacional de Justicia había manifestado ante los medios de comunicación que el perfil de Godoy no sería contemplado.

Frente a estos hechos, el jurista Marco Rodríguez, quien presidía la terna de la Corte Nacional de Justicia, al percatarse de este entramado decidió renunciar. Al hacerlo, dejó en claro que el concurso no prestaba garantías.

En medio de estas jugadas y las renuncias de diversos postulantes, se conformaron íntegramente las ternas que debían ser presentadas por las cinco fuentes que establece la norma constitucional: Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, Defensoría Pública, Ejecutivo y Legislativo. Cabe mencionar que la terna del Ejecutivo fue la última en ser remitida, inobservando el plazo que dispone la norma para su entrega. Al parecer, aquello también respondió a un plan premeditado que siempre estuvo orientado a colocar a Godoy en la presidencia del organismo. Parece una obra montada con desenlace anticipado: un presidente anunciado.

Por otra parte, la terna remitida por el Ejecutivo estuvo encabezada nada menos que por Ivonne Núñez, actual ministra de Trabajo. Su cercanía con el régimen dificulta garantizar la independencia necesaria para el cargo. En cuanto al primer postulante de la Asamblea Nacional, Fabián Fabara, también surgió una fuerte polémica: tenía un expediente disciplinario por negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones como magistrado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura lo dejó prescribir, lo que permitió que su candidatura se mantuviera en firme.

La cereza del pastel se dio cuando, dentro del proceso de escrutinio público, la ciudadanía presentó diversas impugnaciones contra varios postulantes, entre ellos Godoy e Ivonne Núñez. El CPCCS, en una decisión bastante cuestionable y poco transparente, inadmitió todas las impugnaciones.

La historia se repite, aunque con actores distintos y libretos apenas disimulados. El Consejo de la Judicatura, que debería ser garante de independencia, probidad y equilibrio en la justicia, aparece nuevamente como escenario de disputas políticas y cálculos de poder.

Esa es la crónica de una presidencia anunciada. La pregunta de fondo es si también estamos escribiendo, sin querer, la crónica de una justicia que se resiste a ser verdaderamente independiente.