La Corte Constitucional (CC) concluyó la tarde de este lunes 25 de agosto una extensa audiencia en la que se debatieron cinco demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Solidaridad, enviada por el presidente Daniel Noboa y tramitada por la Asamblea Nacional con carácter económico urgente.

La sesión inició a las 10:45 y se prolongó por casi ocho horas, con la participación de los demandantes, delegados de la Presidencia y representantes del Legislativo, reseña Ecuavisa.

Los colectivos que cuestionan la norma apuntan a su eje central: la definición de conflicto armado interno. Alegan que el régimen especial no garantiza una lucha más efectiva contra el crimen organizado y, en cambio, abre la puerta a abusos contra civiles y a un ejercicio autoritario del poder.

Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), recordó al medio que entre enero y diciembre de 2024 se reportaron al menos 31 casos de desaparición forzada. “No me refiero al caso de los cuatro niños de Las Malvinas, me refiero a las decenas de desapariciones que siguen sin respuesta”, enfatizó.

Geovanni Atarihuana, dirigente de Unidad Popular, advirtió que la ley concentra excesivo poder en el Ejecutivo, otorgándole al presidente facultades de “juez, fiscal y verdugo”.

El Gobierno y la Asamblea defienden la norma

Desde el Ejecutivo, Stalin Andido, secretario jurídico de la Presidencia, respondió que “es muy fácil decir que se violan derechos humanos cuando no se reconoce que los grupos armados los vulneran todos los días”.

Mercedes Mediavilla, representante de la Asamblea, defendió la norma afirmando que el derecho internacional humanitario busca, precisamente, proteger a la población civil.

Los magistrados, sin embargo, cuestionaron por qué una norma vinculada al conflicto armado interno lleva el nombre de “Ley de Solidaridad” y qué carácter económico tiene la inclusión de disposiciones como el indulto anticipado a policías y militares. Felipe Pérez, delegado de la Presidencia, sostuvo que “el componente económico es transversal, determinado por los fines que la ley persigue desde varias aristas”.

Concluido el debate, el juez ponente, Alí Lozada, deberá elaborar un proyecto de sentencia que será sometido a votación en el pleno de la Corte Constitucional en los próximos días.