La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Transparencia Social, conocida como la Ley de Fundaciones, con 78 votos a favor, superando apenas el quórum requerido de 77. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, busca fortalecer el control de flujos financieros en organizaciones sin fines de lucro y garantizar mayor transparencia en su gestión.

La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) fue determinante para alcanzar la mayoría, mientras que la oposición, liderada por Revolución Ciudadana (RC) y Partido Social Cristiano (PSC), votó en contra. La disputa política se centró en la percepción de que la normativa podría ser utilizada para controlar y fiscalizar a entidades críticas del gobierno.

El presidente Daniel Noboa calificó la ley como “urgente en materia económica”, destacando que busca prevenir, detectar y controlar el uso irregular de recursos en organizaciones sociales. La normativa establece un sistema unificado de información financiera y mecanismos de rendición de cuentas para estas entidades, con la intención de evitar que sirvan como canales para el lavado de dinero o financiamiento irregular.

Pese a los argumentos del Ejecutivo, la ley generó advertencias de organismos internacionales y de la oposición. Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre libertad de reunión y asociación, señaló que aunque la norma ha mejorado desde su versión inicial, persisten riesgos que podrían afectar la libertad de organización. Legisladores de RC y PSC criticaron la creación de posibles cargas impositivas adicionales y la falta de garantías para la autonomía de las organizaciones.

Esta aprobación representa la cuarta iniciativa calificada como urgente en materia económica que tramita la Asamblea Nacional durante la actual legislatura. La medida se suma a un conjunto de reformas orientadas a fiscalizar recursos, regular actividades económicas y reforzar el control sobre entidades privadas que manejan fondos significativos.

La sanción de la ley mantiene en tensión a organizaciones sociales y a la ciudadanía, que observa de cerca la implementación de la norma y sus efectos sobre la operación de fundaciones y asociaciones civiles. Expertos señalan que su aplicación efectiva dependerá de la coordinación entre el Ejecutivo, la Asamblea y organismos de control, así como de la claridad en los criterios para fiscalización.

En síntesis, la Ley de Transparencia Social refuerza el marco regulatorio de las organizaciones sin fines de lucro, pero también abre un debate sobre equilibrio entre control financiero y garantías de libertad de asociación, en un escenario político marcado por la confrontación entre oficialismo y oposición.