El Gobierno argentino resolvió incluir al denominado Cártel de los Soles en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), reconociéndolo oficialmente como una estructura terrorista y narcocriminal de alcance transnacional.

La decisión fue resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia. El anuncio fue acompañado por un mensaje público de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien afirmó que el régimen de Nicolás Maduro y sus aliados actúan como una red de narcoterrorismo y que, bajo la actual administración, no tendrán margen de acción en territorio argentino ni en el exterior.

Fuentes oficiales señalaron que la medida se alinea con los estándares internacionales en materia de seguridad y busca impedir que esta organización utilice el sistema financiero argentino para lavar fondos o financiar operaciones ilícitas. También refuerza la cooperación con países que ya han adoptado medidas similares, como Estados Unidos, Ecuador y Paraguay.

El Cártel de los Soles es señalado por agencias internacionales como una red compuesta por altos mandos militares y políticos vinculados al régimen venezolano. De acuerdo con informes de la DEA y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta estructura se ha dedicado al tráfico de cocaína a gran escala hacia Centroamérica, el Caribe, México y Norteamérica, empleando rutas aéreas y marítimas controladas por fuerzas militares.

Investigaciones previas han documentado su colaboración con organizaciones armadas como las FARC y su acceso a infraestructura estratégica, incluyendo puertos, aeropuertos y pistas clandestinas. Se le atribuye, además, el manejo de operaciones de contrabando, minería ilegal y lavado de activos.

La inclusión en el RePET implica que todos los bienes, activos y recursos financieros vinculados al Cártel de los Soles serán objeto de bloqueo y seguimiento por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF). Asimismo, establece la obligación para entidades públicas y privadas de reportar cualquier intento de transacción relacionada con este grupo.

El Ejecutivo argentino considera que esta medida envía un mensaje claro a la comunidad internacional sobre su compromiso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo, reforzando la posición del país como socio activo en las redes de cooperación hemisférica en materia de seguridad.

Analistas políticos advierten que esta decisión podría tensar aún más la relación entre Buenos Aires y Caracas, que atraviesa un periodo de marcada confrontación diplomática. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la defensa de la seguridad nacional y el cumplimiento de obligaciones internacionales son prioritarios frente a cualquier diferencia bilateral.