El alcalde de Quito y Néstor Marroquín, principal impulsor del proceso de revocatoria de su mandato, pusieron fin a una controversia judicial que había escalado durante las últimas semanas. El conflicto se originó tras declaraciones emitidas por el burgomaestre en una entrevista radial, en las que calificó a Marroquín de “tránsfuga” y mencionó supuestos antecedentes penales, afirmaciones que fueron rechazadas por el activista, quien las consideró ofensivas y lesivas a su honra.

La audiencia se desarrolló en la Corte Provincial de Pichincha bajo la figura de un juicio por daño al honor. En medio de la diligencia, el juez a cargo sugirió explorar una salida conciliatoria para evitar que el caso avanzara a una fase más compleja. Marroquín solicitó inicialmente una disculpa pública, pero el alcalde descartó esa posibilidad, argumentando que no había incurrido en una falta que justificara tal acto.

Como alternativa, ambas partes aceptaron firmar un acta de “respeto mutuo”, un documento en el que se comprometen a no retomar en el futuro el tema que originó la disputa, ni en declaraciones públicas ni en pronunciamientos privados. En ese mismo acuerdo, Marroquín desistió de su demanda, mientras que Muñoz renunció a la posibilidad de presentar una contrademanda.

El juez destacó la voluntad de las partes para alcanzar una solución y anunció que, en los próximos días, se emitirá la resolución que dará por cerrado el expediente. Este desenlace evita un litigio prolongado y disminuye la tensión mediática que había rodeado el caso.

El pacto llega en un momento políticamente sensible. Marroquín encabeza la recolección de firmas para la revocatoria de mandato, proceso que, según sus impulsores, ya cuenta con un respaldo significativo. Aunque el acuerdo judicial no detiene la iniciativa ciudadana, sí elimina un frente de confrontación directa que había acaparado la atención pública y que podía interferir en el debate político en la capital.