El exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, comparecerá este lunes 25 de agosto de 2025 ante las autoridades migratorias de Estados Unidos, luego de permanecer 17 días bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Serrano se encuentra retenido en el centro de procesamiento Krome, en Miami, a la espera de que se determine si será deportado o sometido a procesos judiciales en ese país.

Aunque las causas de su detención no han sido reveladas, su situación se complica tras la denuncia presentada el pasado 22 de agosto por Diego Vallejo, exasesor de Serrano, reseña Ecuavisa. Vallejo ingresó un escrito de 14 páginas en la Fiscalía Distrital de Florida, donde solicita investigar al exministro por presuntos actos de corrupción y posibles actividades ilícitas con nexos en Estados Unidos.

Vallejo también entregó el documento a la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional, en el que detalla supuestos casos de corrupción vinculados a Serrano durante el correísmo. Su petición es que Serrano no sea deportado al Ecuador, sino que responda ante la justicia norteamericana.

Paralelamente, el exfuncionario deberá enfrentar una segunda audiencia este 26 de agosto en Ecuador, donde la Fiscalía pedirá su vinculación al asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial. En ese proceso también están señalados el exasambleísta correísta Ronny Aleaga, el prófugo Xavier Jordán y Daniel Salcedo.

Serrano viajó a Estados Unidos en 2022, después de haber ocupado varios ministerios durante el gobierno de Rafael Correa y de haber presidido la Asamblea Nacional. Intentó ser candidato presidencial en las elecciones pasadas, pero desistió porque debía inscribirse de manera presencial en Ecuador, algo que rechazó por motivos de seguridad.

Ahora, el futuro político y legal de Serrano queda en manos de dos escenarios judiciales paralelos: uno en Estados Unidos, que definirá su permanencia o deportación, y otro en Ecuador, donde se decidirá si enfrentará cargos en el caso Villavicencio.