El debate sobre la consulta popular que impulsa el Ejecutivo abrió uno de sus puntos más polémicos: la posibilidad de permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país. En entrevista, los generales en servicio pasivo Luis Altamirano y Wagner Bravo coincidieron en la necesidad de cooperación internacional para combatir al crimen organizado, pero marcaron diferencias sobre los riesgos que implicaría esta propuesta.

Altamirano sostuvo que la cooperación es fundamental, aunque cuestionó la forma en que está redactada la pregunta y advirtió que podría abrir la puerta a la llegada no solo de fuerzas estatales, sino incluso de grupos privados como los que ya han operado bajo el pretexto de “cooperación internacional”. Además, señaló que en un país con débil institucionalidad y sin contrapesos democráticos, esta decisión podría derivar en graves riesgos de soberanía y de responsabilidad frente a eventuales abusos.

Bravo, en cambio, recalcó que las Fuerzas Armadas ecuatorianas han demostrado profesionalismo, pero que la magnitud del narcotráfico, con capacidades transnacionales, obliga a buscar respaldo internacional. Para él, la instalación de fuerzas extranjeras no resolverá por sí sola la crisis, pero sí podría dar acceso a inteligencia, tecnología y recursos que Ecuador no posee y que tardaría décadas en adquirir. “Necesitamos cooperación internacional porque solos no lo vamos a lograr”, enfatizó.

Ambos generales coincidieron en que el reto principal está en definir con claridad los alcances, limitaciones y jurisdicción de esas posibles bases extranjeras, pues sin un marco legal sólido la medida podría terminar siendo más riesgosa que beneficiosa.