Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los capos históricos y más escurridizos del narcotráfico en México, se declaró culpable en una corte federal de Brooklyn, Estados Unidos, de dos cargos relacionados con el tráfico de drogas y la operación de una organización criminal de gran escala. Durante la audiencia, el líder del Cártel de Sinaloa, de 77 años, reconoció no solo su responsabilidad en el transporte de toneladas de estupefacientes hacia territorio estadounidense, sino también haber sobornado durante décadas a miembros de las fuerzas armadas, autoridades políticas y cuerpos policiales en México para garantizar la continuidad de sus operaciones ilícitas.

En su declaración, Zambada admitió haber coordinado el envío de al menos 1,5 millones de kilogramos de cocaína entre 1980 y 2024, además de cantidades significativas de heroína, metanfetaminas y fentanilo. A lo largo de más de cuatro décadas, su estructura criminal mantuvo un sistema de corrupción a gran escala que le permitió evadir arrestos y operar con libertad, incluso cuando otros líderes del cartel, como Joaquín “El Chapo” Guzmán, fueron capturados y extraditados.

El capo, que permaneció prófugo durante toda su carrera criminal, aceptó un acuerdo con la Fiscalía que excluye la pena de muerte y lo expone a una sentencia de cadena perpetua. La audiencia de imposición de pena está prevista para el 13 de enero de 2026. En la sala, Zambada expresó que “reconoce el gran daño” causado por las drogas ilegales y pidió perdón por las consecuencias de sus actos tanto en Estados Unidos como en México, declaraciones que no disminuyen el peso de las pruebas presentadas en su contra.

De acuerdo con la acusación, el soborno a funcionarios no fue un hecho aislado, sino una estrategia constante y organizada para proteger rutas, asegurar información privilegiada y garantizar la impunidad. Testimonios y documentos judiciales revelan que los pagos ilegales incluían desde sumas en efectivo hasta favores logísticos, y que alcanzaron a mandos de alto nivel en distintas corporaciones. Estos vínculos de corrupción evidencian la capacidad del Cártel de Sinaloa para infiltrarse en las instituciones y socavar la aplicación de la ley.

La confesión de Zambada supone un golpe simbólico y operativo contra una de las figuras más influyentes del narcotráfico en el hemisferio. Durante años, su nombre estuvo asociado a un perfil bajo y a una discreción inusual para un líder criminal de su envergadura, lo que le permitió mantenerse en libertad mientras otros cabecillas caían. Su caída judicial, sin embargo, expone no solo el alcance de su red criminal, sino también la dimensión de la corrupción que lo sostuvo.

En el ámbito político y de seguridad, la admisión pública de sobornos a militares, políticos y policías plantea interrogantes sobre el grado de penetración del narcotráfico en el Estado mexicano y la capacidad real de las autoridades para erradicar estas redes. Organismos internacionales y expertos en seguridad han señalado que este caso confirma la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno, así como de establecer canales efectivos de cooperación binacional para combatir la delincuencia organizada.

El juicio de “El Mayo” y su eventual condena marcan un punto de inflexión en la historia del Cártel de Sinaloa. Para Estados Unidos, representa una victoria judicial largamente perseguida; para México, un recordatorio incómodo de cómo el crimen organizado ha operado durante décadas con la complicidad de sectores institucionales.