Los juristas Jorge Alvear y André Santos coincidieron en que la Corte Constitucional ha sobrepasado sus funciones y que, por lo tanto, debe ser sometida a control político, incluso mediante juicio político. Sus declaraciones se produjeron en un programa de opinión en el que analizaron las recientes decisiones del tribunal, como la suspensión de artículos de leyes impulsadas para combatir el crimen organizado.

“La Corte se ha convertido en un actor político”

El abogado André Santos, de una generación más joven, sostuvo que la Corte ha adquirido poderes “ilimitados” que le permiten intervenir en políticas públicas y modificar normas aprobadas por el pueblo. “Este tribunal, bajo el pretexto de la interpretación constitucional, ha reformado la Constitución, como en el caso del matrimonio igualitario o la normativa sobre aborto. Eso lo convierte en un tribunal constituyente sin legitimidad”, señaló.

Santos fue enfático al decir que la Corte “debería ser abolida en su actual estructura” y reemplazada por un modelo que tenga contrapesos efectivos. A su criterio, mientras no existan mecanismos de responsabilidad política, los jueces seguirán emitiendo fallos que afectan directamente al interés general.

“Se requiere control político sobre la Corte”

Por su parte, el constitucionalista Jorge Alvear, con larga trayectoria, reconoció que en el pasado se opuso a la idea de un juicio político a los magistrados, pero aseguró que el escenario actual obliga a repensar esa postura. “La Corte ha vaciado de contenido normas claras de la Constitución. Cuando un órgano excede su mandato y entra en el terreno político, necesita un mecanismo de control, como ocurre en países como México, Brasil, Perú o Colombia”, explicó.

Alvear subrayó que no se trata de eliminar la Corte, sino de limitar sus atribuciones y establecer causales claras para su eventual censura y destitución. Según él, de aprobarse un juicio político, este serviría de “detente” para que los magistrados recuerden que no están por encima de la ciudadanía ni de la Carta Magna.

Debate en torno a la consulta popular

La discusión cobra mayor relevancia en el marco de la propuesta del presidente Daniel Noboa, que busca incluir en el referéndum de diciembre de 2025 la posibilidad de enjuiciar políticamente a los jueces constitucionales. Sin embargo, juristas recuerdan que el artículo 431 de la Constitución prohíbe expresamente esta figura y que solo una reforma constitucional podría habilitarla.

Ambos constitucionalistas coincidieron en que las decisiones de la Corte han generado indignación social, pues al suspender artículos de leyes dirigidas contra el crimen organizado, terminan —según dijeron— beneficiando indirectamente a delincuentes y limitando la acción del Estado frente al narcotráfico.

Un contrapeso en disputa

El debate refleja la tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, que en los últimos años se ha convertido en un actor clave del sistema democrático ecuatoriano. Mientras sectores políticos y sociales defienden su rol como garante de derechos y contrapeso frente al poder, otros, como Santos y Alvear, insisten en que la falta de límites ha derivado en un tribunal “con poderes constituyentes” que amenaza la estabilidad institucional.