Este lunes 25 de agosto de 2025, la Corte Constitucional (CC) inicia la revisión de las leyes promovidas por el Ejecutivo y respaldadas por Acción Democrática Nacional (ADN), comenzando con la Ley de Solidaridad Nacional. La audiencia telemática, que arranca a las 10:30, será dirigida por el juez Alí Lozada, y enfrentará a los demandantes con representantes del Gobierno.

Esta norma regula el conflicto armado interno y concentra las primeras preocupaciones de colectivos, abogados y organizaciones de derechos humanos como Inredh. Entre los artículos más cuestionados figuran:

• La definición de grupos armados organizados y objetivos militares, considerada riesgosa para la población.
• El indulto anticipado, que los demandantes ven como un mecanismo de impunidad frente a violaciones graves de derechos humanos.
• El artículo que condiciona el reconocimiento del conflicto armado interno a un decreto ejecutivo, contrario a la jurisprudencia previa de la Corte.

Ley de Integridad Pública: la más resistida

Originalmente enfocada en contratación estatal, la Ley de Integridad Pública amplió su alcance a materia penal, laboral, financiera, servicio público y niñez, entre otros. Esto provocó 30 demandas de inconstitucionalidad, presentadas por colegios de abogados, sindicatos, médicos, estudiantes y jueces.

Aunque el Gobierno retiró algunos artículos, permanecen disposiciones que reducen beneficios por despido intempestivo y crean un nuevo sistema de evaluación de funcionarios, puntos que han generado mayor rechazo.

Ley de Inteligencia: control y vigilancia

La Ley de Inteligencia también enfrenta cuestionamientos. Entre los artículos suspendidos de forma cautelar están:

• Solicitud de información a operadoras telefónicas sin orden judicial.
• Interceptación de comunicaciones y documentos sin autorización de un juez.
• Uso de identidades falsas para agentes y eliminación de respaldos de gastos especiales.

La Corte advierte que estas medidas podrían afectar de manera inminente e irreversible derechos fundamentales como la intimidad, la protección de datos y el debido proceso.