El presidente Daniel Noboa incluyó en su propuesta de referéndum la posibilidad de que la Asamblea Nacional pueda enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional. Aunque mencionó que la consulta podría realizarse en diciembre de 2025, la fecha aún no está definida porque no existe un calendario oficial.

La iniciativa permitiría que los magistrados sean censurados y destituidos con mayoría absoluta en el Legislativo. Este planteamiento ha despertado cuestionamientos de juristas y analistas que advierten que la medida pondría en riesgo la autonomía de la Corte y la separación de poderes en Ecuador.

Riesgos para la independencia de la Corte Constitucional

El catedrático de derecho Hernán Acevedo explicó que, si se aprueba la propuesta, la Corte quedaría expuesta a los intereses políticos del Ejecutivo y Legislativo. Recordó que desde 2008 este tribunal ha funcionado como órgano de cierre del sistema jurídico, con independencia frente a los otros poderes del Estado.

Acevedo advirtió que una eventual facultad de la Asamblea para destituir jueces por mayoría absoluta debilitaría esa autonomía y replicaría la inestabilidad que hoy afecta al Consejo de la Judicatura, con retrasos en concursos y designaciones.

En la misma línea, el constitucionalista Edison Guarango alertó que los magistrados no podrían actuar con libertad si saben que un fallo contrario al oficialismo podría acarrear un juicio político. Señaló además que las causales planteadas son vagas y darían margen a presiones políticas, en contradicción con la Constitución.

La Corte como contrapeso democrático

Acevedo recordó que la Corte ha sido un contrapeso clave frente a decisiones políticas, como ocurrió tras la disolución de la Asamblea por parte de Guillermo Lasso, cuando el tribunal estableció límites al Ejecutivo. Añadió que también ha protegido derechos de minorías históricamente relegadas gracias a la autonomía de sus jueces.

El analista Maximiliano Donoso-Muller coincidió en que los magistrados ya tienen responsabilidades legales y pueden ser investigados por la Fiscalía o procesados por la Corte Nacional, por lo que no requieren de un control político adicional. A su criterio, si la Asamblea obtiene esa facultad, los fallos podrían terminar favoreciendo al gobierno de turno.

Un dilema para el propio tribunal

Donoso subrayó que será la misma Corte Constitucional la que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pregunta del referéndum, lo que convierte la situación en un dilema institucional.

Para los expertos, la propuesta del Ejecutivo podría minar la imparcialidad de los magistrados y reducir la capacidad del sistema de control constitucional de garantizar el respeto a la Carta Magna y los derechos ciudadanos.