El caso salvadoreño ha llamado la atención en la región. Con Nayib Bukele en la presidencia y Karla Edith Trigueros, una militar, como ministra de Educación, El Salvador ha dado un giro inusual: introducir políticas educativas con un sello de disciplina, rigor administrativo y metas claras. Trigueros ha impulsado medidas estrictas en las instituciones educativas, desde la modernización tecnológica hasta el control riguroso de la gestión escolar, marcando un estilo de mando poco convencional en un ministerio que suele estar dirigido por pedagogos. Este enfoque, aunque polémico, ha permitido una reorganización interna y ha transmitido el mensaje de que la educación no es un espacio de improvisación, sino de resultados.

En Ecuador, la realidad es otra. El modelo educativo no responde a un proyecto de país sostenido, sino que se adapta constantemente al color político del presidente de turno. Cada cambio de gobierno trae consigo modificaciones superficiales en el currículo, en la estructura administrativa o en los programas de apoyo, generando inestabilidad y ausencia de continuidad. Esto ha debilitado la confianza en el sistema y ha provocado que los avances logrados en décadas anteriores se diluyan por decisiones coyunturales.  Mientras en El Salvador la disciplina militar se convierte en un símbolo de eficiencia, en Ecuador las instituciones educativas se ven atrapadas en la burocracia, el déficit presupuestario y la falta de innovación. No se trata de militarizar la educación ecuatoriana, pero sí de reconocer que hace falta una política firme, con liderazgo fuerte, metas claras y evaluación constante.

El modelo Bukele, con sus luces y sombras, deja una lección importante: la educación requiere voluntad política y una visión de largo plazo. Ecuador no necesita uniformes militares en el Ministerio, pero sí ministros que, como Trigueros en El Salvador, asuman la responsabilidad de transformar el sistema con rigor y determinación. De lo contrario, la educación seguirá siendo un reflejo frágil de la política momentánea y no el motor del desarrollo social y económico que el país demanda.